La Contraloría Regional del Bío-Bío avaló, después de cinco meses de indagaciones, las denuncias de irregularidades en la construcción de pozos que debían beneficiar a más de medio centenar de pequeños campesinos de la comuna de Laja.
Recordemos que en agosto del año pasado, el senador Alejandro Navarro y el concejal lajino Joaquín Sanhueza denunciaron al organismo contralor que las obras no se habían ejecutado. Incluso, aún ahora hay facturas impagas por la compra de los insumos en una empresa de Chillán, cuyo monto supera el millón de pesos.
El proyecto fue ejecutado con recursos del Indap para mejorar las captaciones de agua que fueron dañadas por el terremoto, cuyos fondos se canalizaron a la Municipalidad de Laja, a través del Prodesal.
Sin embargo, el organismo contralor estableció una serie de irregularidades en el proceso, fustigando la poca supervisión del Indap y el municipio, según confirmó el concejal Joaquín Sanhueza; agregando que la contraloría exige al municipio enviar los antecedentes al Ministerio Público por la eventual existencia de delitos.
En este caso, la empresa encargada de realizar los trabajos que no se ejecutaron está a nombre de Alma Pérez, hija del consejero Julián Pérez, ex militante de Renovación Nacional que incluso fue presidente distrital de la colectivdad en Bío-Bío.
