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Denuncian montaje en desarme paramilitar en Colombia durante gobierno de Uribe

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Un ex jefe paramilitar colombiano declaró ante la justicia de su país que un acto que el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010) presentó como la desmovilización de 855 paramilitares de ultraderecha, en 2003, fue un montaje para beneficiar a un cártel cocainero, según la prensa local.

“La del bloque Cacique Nutibara fue una desmovilización ficticia, se recogieron uniformes y armas viejas para ese espectáculo que se montó por parte de las oficinas (bandas) delincuenciales de Medellín, lideradas por Diego Murillo, alias Don Berna”, según Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán.

En su declaración a un tribunal de Justicia, Rendón -ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- dijo que “el gobierno de Uribe aceptó una falsa desmovilización” aunque sabía que estaba legalizando a narcotraficantes, según el diario El Tiempo, que divulgó su testimonio.

La desmovilización a la que se refiere Rendón se dio en Medellín (noroeste) en noviembre de 2003. Con ésta, añadió el ex paramilitar en su testimonio, se benefició la banda delincuencial conocida como la Oficina de Envigado, dedicada al narcotráfico y al sicariato, y dirigida por Don Berna.

El escándalo estalla en momentos en que la Fiscalía investiga al ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo “por aparente falsa desmovilización” de un bloque rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el municipio de Alvarado, en el centro del país, el 7 de marzo de 2006.

Tal como denunció Rendón que ocurrió con la desmovilización paramilitar, la Fiscalía escuchó a testigos que le aseguraron que 66 de los supuestos guerrilleros eran civiles reclutados días antes en barriadas pobres a quienes se les ofreció dinero para posar como miembros de grupos armados ilegales.

Entre 2003 y 2006, el ex presidente Uribe adelantó un proceso en el cual se desmovilizaron unos 32.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas Colombia a cambio de beneficios procesales, entre ellos una condena máxima de ocho años de prisión a cambio de la confesión de sus crímenes y reparación a las víctimas.

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