Coincidiendo con la impugnación de la UDI ante la Contraloría, el gobierno cambió completamente los objetivos de la campaña comunicacional para difundir los logros de la administración de Michelle Bachelet.
En su primera actividad pública como diputado electo de la UDI por Las Condes, Ernesto Silva Méndez, se reunió con el jefe de gabinete del contralor general de la República, José Ramón Correa.
Imagen: Ernesto Silva en Flickr
Aunque parecía que la polémica por la campaña comunicacional que realizará el Gobierno para dar a conocer los beneficios en materias sociales de la era Bachelet comenzaba a disminuir, el diputado electo se encargó de reencenderla.
Silva Méndez, quien está oficiando de vocero de la UDI, solicitó al máximo órgano fiscalizador que clarifique si es o no legal este tipo de campaña, que a su juicio sólo busca difundir los logros de la administración de Michelle Bachelet.
El diputado electo por Las Condes además consideró que no calza con las necesidades actuales del país el gastar 120 millones de pesos en esta campaña.
Una dura respuesta a la inquietud planteada por el vocero gremialista entregó el senador democratacristiano y ex jefe territorial del comando de Eduardo Frei, Jorge Pizarro, quien en tono irónico hizo un vínculo directo entre el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, y los partidos de la Alianza.
Las reacciones también llegaron desde La Moneda, donde el ministro del Interior subrogante, Patricio Rosende, reiteró que no se trata de propaganda política, sino de dar a conocer a la población los beneficios sociales.
El Gobierno intentó así dar por cerrado este incidente, que causó gran revuelo cuando se dio a conocer el llamado a licitación para efectuar la campaña comunicacional, y que por lo mismo fue acortada del período inicial, que concluiría el 19 de marzo, hasta el 10 de ese mismo mes, para evitar que estuviera emitiéndose durante el mandato de Sebastián Piñera.
