Imagen: Arkaitz en Flickr
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Eugenio Jorquiera, realizó un llamado a los consumidores a evitar la adquisición de productos falsificados durante esta Navidad, considerando las preocupantes cifras en materia de piratería que ostenta el país.
De acuerdo con las cifras del gremio, anualmente en el país se mueven alrededor de 1.000 millones de dólares por concepto del comercio ilegal, considerando la piratería, el robo y la industria de la propiedad intelectual.
El dirigente del gremio, acompañado por los representantes de la Feria Chilena del Libro, Eduardo Castillo, el representante de la Asociación de Distribuidores de Videogramas (AVD), Antonio Marinovic y el presidente del Directorio de la Asociación de Distribuidores de Software (ADS), Raúl Sapunair, explicó este jueves que las industrias más afectadas por este tipo de delito son las del software, música, video y libros.
En este sentido los dirigentes de cada sector comentaron que en el caso de la industria cinematográfica en su conjunto (cine y video), se pierden anualmente unos 70 millones de dólares, los que se suman a los más de 16 millones de dólares al año que el Estado pierde por concepto de IVA.
En cuanto a la industria del software, el representante del ramo comentó que lamentablemente son ellos los que “lideran” las pérdidas, con 200 millones de dólares anuales, a lo que se debe adicionar las pérdidas de puestos de trabajo en el sector.
Por último, el representante de la Feria Chilena del Libro, comentó que en este sector las pérdidas llegan a los 25 millones de dólares anuales y que hasta la fecha son cerca de 700 las obras de autores chilenos que se han falsificado.
Es necesario recordar que si bien las pérdidas denuncias por las empresas resultan millonarias, estas contabilizan potenciales ventas de sus productos originales equiparándolas a la venta de productos ilegales, lo que, en la mayoría de los casos no se condice con la realidad.
Los dirigentes constataron además que es necesaria una legislación moderna para atacar la piratería, la que sea capaz de imponer penas corporales y multas que guarden relación con el monto del ilícito, tal como ocurre con el Código Penal.
