El cuarto piso del Convento de las Siervas de Jesús de la Caridad se ha convertido en el refugio del sacerdote Fernando Karadima (85) desde que a principios de 2011 la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede le declarara culpable de abusos sexuales y le condenara a “una vida de oración y penitencia”.
En febrero de ese mismo año, el ex párroco de El Bosque fue trasladado al hogar de ancianos y desde entonces, las paredes beige del segundo módulo que conforma el recinto son las verdaderas testigos de la nueva vida en la sombra del religioso.
Karadima es el único hombre que habita el asilo que acoge a 37 ancianas provenientes de familias con alto poder adquisitivo. Su estadía no pasa inadvertida para ninguna de las cerca de 30 personas que trabajan en el lugar. La mayoría son auxiliares de aseo, quienes se encargan de asistirlo, además cuenta con la atención de las religiosas y de un médico que vigila su estado de salud. También frecuentan el edificio varios kinesiólogos y una decena de estudiantes de enfermería. Todos conocen el motivo de la reclusión de sacerdote, y sin embargo el hermetismo que encierra sus alrededores se huele en el ambiente.
Una reja de color oscuro custodia la entrada. Tras su paso, una puerta con vidrios ámbar permanece cerrada con llave la mayor parte de la jornada. A la izquierda del vano, una placa metálica reza: Horario de visitas de 15.30 a 18.00, no insista. En tanto, una monja con un marcado acento español custodia expectante el ingreso. La madre Rosario, quien abandonó su natal Asturias hace más de 50 años, asegura que obtener una vacante en el convento es casi imposible; la lista de espera es interminable.
La rutina se ha apoderado de quien fue uno de los curas más influyentes de las Iglesia chilena. Sus días transcurren entre su dormitorio y una sala de lectura contigua de aproximadamente 12 metros cuadrados. En un escritorio descansan varios libros, una figura de Jesucristo crucificado, la imagen de la virgen y una lámpara eléctrica con forma de vela.
Karadima se viste solo. Su atuendo se compone de una camisa, pantalones negros, chaqueta oscura y alzacuellos. Cada día, entre las 13:15 y 13:20 y de forma casi obsesiva abre la ventana de la habitación en la que pasa la mayor parte del tiempo.
A pesar de su reclusión, el eclesiástico mantiene contacto con las hermanas del convento. Lunes, 10.40 horas, una religiosa asciende por la escalera derecha del edificio directa al cuarto piso. Tras un breve diálogo con el ex párroco abandona la pieza. Acto seguido Karadima toma su celular y sostiene una conversación.
Las horas transcurren lentas y para mitigar el progreso del reloj el sacerdote echa mano de un rosario, tras deslustrarlo por cerca de una hora, lo guarda con especial cuidado.
Son las 15.10 horas. Una nueva visita cruza el umbral de la habitación. Esta vez se trata de su médico. El profesional despliega unas radiografías y el cura se aproxima nuevamente a la ventana para advertirlas con precisión. 15.20 el facultativo se despide, abandona la estancia y desciende las escaleras. Minutos después Karadima procede a desabrocharse el ajustado alzacuellos y se recuesta en la cama.
Alejado del quienes por años conformaron su círculo más íntimo, Fernando Karadima tiene prohibido realizar misas así como impartir cualquier sacramento. Sin embargo, personal del convento asegura haberle visto oficiar eucaristías al interior de la capilla, en soledad. Una trabajadora afirma que sus salidas son comúnmente conocidas, sin embargo dice no haberlas presenciado en persona. Otras aseguran que Karadima recibe una atención privilegiada. “Él tiene un trato especial así que es mentira todo lo que se dice; le hacen comida aparte, no come lo mismo que el resto”.
En los próximos días Fernando Karadima deberá prestar declaración después de que las víctimas, James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, interpusieran una demanda civil en contra del Arzobispado de Santiago. La defensa evalúa recurrir a la Corte de Apelaciones una vez que el ministro Juan Manuel Muñoz rechazara la posibilidad de que el sacerdote declarara en su domicilio por presentar problemas de salud.
Al respecto, el abogado de las víctimas Juan Pablo Hermosilla sostiene que sea cual sea el lugar lo importante es que Karadima vuela va prestar testimonio. “Si es cierto que está con un problema de salud nosotros no tenemos inconveniente en ajustarnos como parte demandante a las condiciones, sólo queremos que declare”.
Respecto a la importancia de acceder al archivo secreto del Arzobispado de Santiago, el letrado se manifiesta enfático y señala: “Este no es un secretismo para proteger a las víctimas, este un secretismo que ha instalado la Iglesia para proteger a los hechores y poder encubrir las cosas”.
En este sentido, Hermosilla considera que “aquí los únicos secretos válidos son los que están reconocidos por la legislación chilena (…) Ellos pueden ser cardenales, obispos, pero son ciudadanos chilenos sujetos a las leyes chilenas como cualquiera. Si invocan un secreto tiene que ser un secreto que este recogido en la ley chilena como el secreto de confesión pero sino tienen que entregar los antecedentes”.
Asimismo el abogado hace referencia a la declaración del cardenal Francisco Javier Errázuriz quien sostuvo que los denunciantes han hecho daño a la Iglesia católica sin pretenderlo. “Aquí la publicidad y la transparencia es la que ha logrado que se sepan las cosas, mientras esto se mantuvo en secreto está a la vista lo que pasó…”, subraya.
“Obvio que les molesta la publicidad porque son personas que están acostumbradas a ejercer la autoridad en la sombra y que la ejerzan en la sombra va a proteger a los más débiles, no va a proteger a los menores, la ejercen en la sombra para proteger a los Karadima […] Si Karadima hubiera sentido que había un riesgo al abusar de menores no hubiera hecho nada, pero justamente este manto de impunidad es lo que permitió que abusara durante tantos años de tantas personas”, continúa.
El próximo 22 de octubre prestará declaración el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati quien prontamente deberá establecer un domicilio donde se llevará a cabo la diligencia. Los demandantes solicitan una indemnización 450 millones de pesos por un supuesto encubrimiento de la Iglesia a los abusos sexuales, además de un acto de perdón público.
