Una polémica indicación al proyecto de Gobierno sobre el financiamiento de la política está enfrentando a parlamentarios de la Nueva Mayoría e incluso al Gobierno. Contrario a lo prometido por La Moneda, diputados oficialistas aprobaron una modificación para permitir el aporte de empresas a los partidos.
En medio de la convulsión por los casos de financiamiento irregular de la política, la presidenta Michelle Bachelet anunció el pasado 28 de abril, entre otras medidas, que a través de un proyecto de ley se terminaría con la entrega de dinero desde personas jurídicas, tanto a campañas como a partidos políticos.
Sin embrago, hace dos semanas 9 de los 13 diputados que componen la Comisión de Constitución, todos de la Nueva Mayoría, aprobaron una indicación que permite el aporte de empresas solo a partidos políticos, con un máximo anual de 500 UF, es decir, unos 12,5 millones de pesos.
De acuerdo a La Tercera, la indicación fue presentada por Fuad Chaín (DC) y Leonardo Soto (PS), quienes recibieron el apoyo de Osvaldo Andrade (PS), Aldo Cornejo (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Daniel Farcas (PPD) y Cristián Monckeberg (RN). En contra se manifestaron los UDI Marisol Turres, Juan Antonio Coloma, Arturo Squella y Renzo Trisotti.
Según argumentaron sus autores, la iniciativa busca regular la situación de aquellos partidos que administran sus fondos a través de una empresa, pues el texto original haría insostenible el sostén financiero de esas colectividades.
Gobierno mantiene su postura
El proyecto original del Ejecutivo eliminaba “los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”. De esta forma se buscaba abrir paso al financiamiento estatal de la política, como propuso la comisión anticorrupción encabezada por Eduardo Engel.
Consultado hoy el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, si existe una diferencia entre La Moneda y los parlamentarios que impulsaron este cambio, afirmó que los congresistas son libres de presentar indicaciones, pero el Ejecutivo mantiene su postura de terminar con el traspaso de dineros desde privados a la política.
“Los parlamentarios tienen soberanía para presentar indicaciones y para aprobarlas, pero la opinión del Gobierno es clara y categórica. Nosotros mantenemos el planteamiento original, en el sentido de prohibir todo aporte privado a la actividad política y a la actividad de los partidos políticos“, dijo Díaz.
Esto, “sin perjuicio de que ellos han planteado de que esto tiene que ver con realidades particulares y específicas, lo que es legítimo que se discuta en el parlamento”, agregó, adelantando también que conversarán con los parlamentarios buscando revertir esta modificación y reponer la norma original.
