La Corte Suprema anuló este martes una resolución contra un hombre condenado por tráfico de drogas, debido a que el imputado no fue defendido por un abogado durante su proceso judicial, sino por una mujer que trabajaba para la Defensoría sin contar con el título universitario.

El máximo tribunal acogió el recurso de nulidad contra la sentencia de Carlos Amador Esquivel Álvarez, contra quien el Tribunal de Juicio Oral de Arica dictó una pena de 10 años de cárcel por tráfico de drogas.

Esto se decidió porque durante el juicio de Esquivel Álvarez, éste no contó con una defensa letrada, es decir, no tuvo un abogado que lo asistiera.

Al respecto, el fallo indica que “el imputado no escogió defenderse personalmente, sino que confió su defensa a una supuesta abogada, quien ejercía labores licitadas para la Defensoría Penal Pública sin contar con título habilitante para dicha función, mal ejercicio que dio lugar a la instrucción de la acción penal en su contra y posterior condena, como quedó demostrado”.

Asimismo, el documento agrega que “la Constitución Política de la República obliga al Estado a arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Exige al mismo tiempo que toda sentencia se base en un procedimiento previo legalmente tramitado”.