En un dictamen contundente, la Contraloría General de la República falló a favor de la Municipalidad de Hijuelas tras un largo Juicio de Cuentas que se generó a raíz de una serie de acusaciones presentadas en 2008, por los ex concejales Catherine Urzúa y Rodrigo Furió; los mismos que llevaron a la Alcaldesa ante el Tribunal Electoral Regional por Notable Abandono de Deberes, juicio que también perdieron.
El Juicio de Cuentas realizado por el órgano contralor, formuló una serie de reparos contra la Alcaldesa Verónica Rossat y también algunos directores municipales, como Educación, Control, Finanzas, Tránsito, Salud, entre otros.
Entre ellos está la contratación del terapeuta Ricardo Vicens en asesorías en Salud y Educación, contratación de Erika Olivera para una clínica deportiva, y los servicios del GMI de Ajedrez, Iván Morovic, responsable de ejecutar un taller para docentes y enseñanza de este deporte a los alumnos de las escuelas municipalizadas.
Sobre el caso de Ricardo Vicens, a cargo de talleres de biodanza y estilos de vida saludables, el fiscalizador confirmó la efectividad de las labores contratadas, descartando de plano la acusación. Lo mismo con el caso de la atleta Erika Olivera y de Iván Morovic.
Importante es mencionar que las ex autoridades habían denunciado la no realización de las labores por parte de estas personas, punto donde el ente fiscalizador, a raíz de las pruebas presentadas por la municipalidad, rechazó todas las acusaciones y acreditó la ejecución de todas las actividades para las cuales fueron contratados.
La Alcaldesa se mostró muy conforme con este fallo, agregando que confirma que tales acusaciones eran falsas ya que nunca se produjo perjuicio al patrimonio público, como quisieron demostrar –erróneamente- los ex concejales.
