Desde 2007, Chile es incluido por los Estados Unidos en la Priority Watch List, listado de países que las autoridades estadounidenses consideran “peligrosos” para la protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, este año nuestro país al fin debiera salir del listado pirata, a pesar de lo que afirman los recientes informes de la Alianza Internacional por la Propiedad Intelectual (IIPA) de EE.UU.

Imagen: Horia Varlan (CC)

“Por sus avances y compromisos, Chile debería ser excluido de la Priority Watch List”, asegura Alberto Cerda Silva, de la ONG Derechos Digitales. El abogado indica que en los últimos años el país ha hecho progresos y esfuerzos significativos para proteger la propiedad intelectual. Se han ratificado tratados internacionales, modificado la legislación interna, facilitado los procedimientos judiciales, incrementado las penas, y hasta creado nuevas instituciones a cargo de promover y proteger la propiedad intelectual, tales como el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual y una brigada especializada de la Policía de Investigaciones. Todos estos hechos deberían ser apropiadamente reconocidos y valorados por los Estados Unidos.

Desafortunadamente, según Cerda, la evaluación de las autoridades estadounidenses no se atiene a criterios objetivos que evidencien un adecuado cumplimiento por Chile: “el lobby, la desinformación y la tergiversación de la realidad por sectores interesados son el mayor riesgo para que Chile sea injustamente calificado este año”. La industria de la música y farmacéutica son las principales interesadas en perpetuar a nuestro país en tal lista, sostiene Cerda.

Es por ello que ONG Derechos Digitales presentó directamente a la autoridad estadounidense observaciones respecto de la evaluación de este año.

“Nuestro análisis muestra que Chile ha incrementado significativamente la protección; sin embargo, Chile ha hecho muy poco por garantizar acceso a la propiedad intelectual”, explica Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales. El acceso a medicinas, el acceso a la educación y la cultura, la libertad de expresión y hasta la vida privada estarían siendo hoy afectadas por leyes ultra-protectivas de la propiedad intelectual. Es hora de que las leyes también piensen en “los consumidores, los ciudadanos, y los usuarios”, sentencia Ruiz.