Los 13 venezolanos en huelga de hambre por la “libertad de los presos políticos” advirtieron el sábado que mantendrán su protesta hasta las “últimas consecuencias” y exigieron al secretario de la OEA, José Miguel Insulza, ser “más contundente” frente al gobierno de Hugo Chávez.

Hugo Chávez y José Miguel Insulza | Wikipedia

La huelga comenzó hace dos semanas con 9 personas, la mayoría estudiantes universitarios, frente a la sede de la OEA en Caracas, para pedir además al organismo que envíe una misión internacional a Venezuela.

“Le pedimos a Insulza que sea más contundente frente a los crímenes de este gobierno, le pedimos más fuerza defendiendo los derechos de un pueblo que clama justicia”, dijo a la AFP Lorent Saleh, vocero de la ONG Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), que promueve la protesta.

Insulza pidió esta semana a los jóvenes que depusieran la protesta y emplearan “otras formas pacíficas de manifestar sus disensos sin poner en peligro su integridad”.

Pero Saleh advirtió que los manifestantes están “dispuestos a entregar la vida por la libertad de los presos políticos”. “Aquí vamos hasta el final, hasta las últimas consecuencias, no nos da miedo morir”, zanjó.

Concretamente, los huelguistas piden la libertad de los diputados opositores electos Biagio Piglieri, detenido en su residencia a la espera de un juicio por corrupción, y de José Sánchez, condenado en primera instancia a 19 años por complicidad en un homicidio. Según la oposición, ambos fueron juzgados por “razones políticas”.

Además, exigen que la jueza María Lourdes Afiuni sea absuelta de los cargos de corrupción que se le imputan tras liberar condicionalmente a un banquero detenido por fraude.

Insulza indicó que solicitará al gobierno venezolano información sobre los presos y “de corresponder” enviará la información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue los casos.

El responsable dijo además que está “dispuesto a visitar Venezuela cuando sea posible”, aclarando que para hacerlo necesita primero el consentimiento del gobierno venezolano.

En diciembre de 2009, Caracas autorizó a una misión de la OEA a viajar a Venezuela cuando otro grupo de jóvenes se declaró en huelga de hambre.