¿Pueden los padres ejercer autoridad real sobre sus hijos?

En medio de la creciente preocupación por la violencia escolar, protagonizada por niños y jóvenes que han cometido diferentes delitos, el Ministerio de Justicia se ha propuesto avanzar hacia un nuevo régimen de responsabilidad parental.

La iniciativa -de la que aún no se conocen detalles-, busca trasladar estas materias a la justicia de familia, agilizar procedimientos y permitir que los jueces adopten medidas tanto de protección para los menores como sanciones para los padres en caso de ilícitos.

A primera vista, la propuesta va en la dirección correcta. Reconoce que la formación no es solo tarea del sistema educativo, sino que es, ante todo, de sus familias.

En ese sentido, fortalecer el involucramiento de madres y padres, permitir intervenciones tempranas y exigir responsabilidades cuando estas fallan, son elementos indispensables para enfrentar conductas transgresoras antes de que escalen.

Es importante entender el contexto. El problema que enfrentamos es profundo: hay una crisis de autoridad. En la práctica, hoy las normas se negocian, los castigos se relativizan y los límites se vuelven difusos. Los propios niños y adolescentes han aprendido que las reglas no son definitivas, sino transables.

Así, la autoridad deja de ser un marco formativo y se convierte en una relación de negociación permanente. La pregunta entonces es incómoda, pero inevitable: ¿pueden hoy los padres ejercer autoridad real sobre sus hijos?

Durante años, el propio entorno cultural —y en parte también las políticas públicas— ha tendido a debilitar la legitimidad de la autoridad parental. Se la ha confundido con autoritarismo, con castigos violentos, se la ha sometido a constante validación y se ha promovido una horizontalidad que, si bien ha acercado a padres e hijos, también ha erosionado la capacidad de los adultos de guiar.

El resultado está a la vista: adultos inseguros para poner límites y menores cada vez más conscientes de que esos límites pueden ser negociados.

Frente a esta discusión hay un riesgo que no se puede ignorar. Los tribunales de familia ya están al límite. Si el Estado asume un rol cada vez más protagónico en la regulación de la vida familiar, sin fortalecer al mismo tiempo la autonomía y legitimidad de los padres, puede terminar profundizando el problema. Y cuando se debilita en la familia, difícilmente pueden cumplir el rol los tribunales.

Recuperar la autoridad no es volver atrás. Es entender que educar implica guiar, poner límites y sostenerlos en el tiempo. Implica asumir que no todo es negociable y que la formación de una persona requiere algo más que diálogo. Si queremos enfrentar en serio la violencia en las escuelas, necesitamos algo más que nuevas normas.

Necesitamos volver a afirmar, sin ambigüedades, que los padres no solo son responsables de sus hijos, sino que deben tener la autoridad para educarlos. Porque un niño que crece sin límites no aprende libertad, aprende que nadie está ahí para sostenerlo.

América Castillo
Investigadora asociada Instituto Libertad