¿Parir con dignidad? No en este sistema

Hace pocos días, la vivienda de una mujer que ejerce como diputada fue allanada mientras ella daba a luz. Ante las críticas, el fiscal que ordenó el procedimiento afirmó que este se justó a derecho. Sin embargo, su declaración no hizo más que agravar el problema, evidenciando su desconocimiento sobre sus deberes como agente del Estado en el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos, así como en la prevención de la violencia de género, específicamente la violencia obstétrica.

Más allá de su instrumentalización mediática y política, es importante recordar que estas situaciones están relacionadas con la protección que la sociedad, a través del Estado, debe garantizar a todas las mujeres en materia de sexualidad y procreación, enmarcadas dentro de los derechos sexuales y reproductivos.

El rol del Estado en la protección de los derechos sexuales y reproductivos

Desde el punto de vista del Estado, los derechos sexuales y reproductivos (DSR) representan una evolución de los derechos humanos al consagrar como político el espacio privado y personal, pues es en la sexualidad y la familia donde se reproducen las relaciones de dominio patriarcales y capitalistas. Por lo tanto, en el sistema democrático se convierten en derechos humanos fundamentales de las mujeres para garantizar su autonomía en la toma de decisiones libres e informadas sobre su cuerpo y su sexualidad.

Sin embargo, estos derechos son también los más negados en el mundo y en nuestro país, especialmente en el caso de mujeres y niñas; la violencia obstétrica dirigida hacia las mujeres, en particular hacia las gestantes, parturientas y puérperas, constituye una forma específica de violencia de género.

En nuestro país, de acuerdo a los datos entregados por la Encuesta Nacional sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica (2019 – 2020), reveló que el 79,3% de las mujeres cree haber experimentado alguna forma de violencia obstétrica; 50,83% de las encuestadas recibió comentarios inapropiados durante la atención ginecológica y obstétrica, y un 17,45% sintió haber sufrido violencia sexual en estas atenciones.

Sin embargo, esta en encuesta solo se consulta con relación a las situaciones producidas en procesos de atención médica, pero como nos muestra el caso de la diputada, es necesario observar lo que sucede en otros ámbitos de nuestra vida social, con otros organismos y funcionarios públicos.

Los organismos auxiliares de la justicia, como el Ministerio Público, los tribunales y las fuerzas de seguridad, tienen la obligación de garantizar el respeto y la protección de los DSR. Esto implica investigar y sancionar los delitos que los vulneran, como la violencia sexual, el aborto inseguro y la discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Además, esta obligación se extiende al reguardo de estos derechos en su propio accionar, un aspecto que parece no estarse observando y asumiéndolos como algo menor en su trabajo.
Su obligación es respetar, por ejemplo, el embarazo y el parto de mujeres sometidas a investigación, procesadas o privadas de libertad, garantizando condiciones dignas y acceso a atención médica adecuada, resguardando además la dignidad y la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas.

Sexualidad y procreación digna

Desde el punto de vista feminista y de la política de las mujeres, la propiedad y autonomía de nuestros cuerpos no pasa por los derechos que el Estado decida otorgar, ya que es un ejercicio político que construimos individual y colectivamente día a día. Sin embargo, entendemos que el aparato estatal, sus políticas y servicios públicos, deben al menos cumplir con lo básico, que es garantizar que las mujeres puedan vivir su sexualidad y procreación dignamente.

A pesar de los avances legales y normativos, persisten importantes desafíos para la plena garantía de los DSR. Entre ellos, destacan:

• La falta de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva: Muchas personas, especialmente aquellas que viven en zonas rurales o en situación de pobreza, no tienen acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.

• La violencia sexual: La violencia sexual es una grave violación de los DSR que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los organismos auxiliares de la justicia deben garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y a la reparación.

• La criminalización del aborto: En muchos países, el aborto sigue siendo ilegal o está severamente restringido, lo que obliga a las mujeres a recurrir a abortos inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida.

• La discriminación por orientación sexual o identidad de género: Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) siguen siendo objeto de discriminación y violencia en muchos países, lo que limita su acceso a los DSR.

Es hora que el Estado y sus instituciones asuman su responsabilidad

Para garantizar la plena realización de los DSR, es necesario un enfoque integral que involucre a todos los actores relevantes, incluyendo al Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. Los organismos auxiliares de la justicia deben desempeñar un papel fundamental en este esfuerzo, asegurando que los DSR sean respetados, protegidos y garantizados para todas las personas, sin discriminación alguna.

Es hora de que los organismos auxiliares de la justicia asuman su responsabilidad en la protección de los DSR. Esto implica formar al personal de cada una de estas reparticiones para el conocimiento y protección de los DSR para que, producto de su propio accionar, estos derechos no sean vulnerados. Asegurar el respeto de los DSR en su propio accionar, garantizando condiciones dignas y atención médica adecuada para mujeres embarazadas, procesadas o privadas de libertades. A lo que debe sumarse, el fortalecimiento de la capacidad de investigación y sanción de los delitos que vulneran los DSR y trabajar conscientemente para garantizar el acceso a la justicia y a la reparación para las víctimas de violencia sexual.

Por María Elena Acuña Moenne, antropóloga. Departamento de Antropología de Universidad de Chile
Paula Santana Nazarit, antropóloga feminista, consultora.