“Este plan se está trabajando desde enero”. Las declaraciones son de la ministra del Interior, Carolina Tohá, del 6 de abril pasado, cuando el país estaba conmocionado por el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, la tercera muerte de un carabinero en tres semanas.
Tohá informaba que, debido a los trágicos acontecimientos, el presidente Boric había instruido adelantar para mayo el plan de intervención en 30 comunas que supuestamente venían preparando hace tres meses. Lamentablemente para el país, al analizar esta iniciativa, queda al descubierto una profunda improvisación y la falta de un plan concreto y eficaz del parte del Gobierno para enfrentar la severa crisis de seguridad que afecta al país.
El plan “Calle sin Violencia” -que finalmente intervendrá 46 comunas, con dudosos criterios de selección- dejó más preguntas que respuestas. Claramente, es una intervención tardía. ¿Hace un año el Ministerio del Interior no sabía que existían zonas tomadas por la droga y el crimen organizado? El Gobierno también quedó al debe en transparencia, generando con sus anuncios -que son mucho ruido y pocas nueces- altas expectativas en territorios donde hoy reina la violencia y el temor en la ciudadanía.
Algunas de las preguntas centrales de este plan que el Gobierno no ha querido o no ha sabido responder:
¿CON QUÉ CARABINEROS?
Hasta ahora no se conoce públicamente el número de efectivos que participarán en el plan ni de dónde provienen. No se puede desvestir un santo para vestir otro. Dado el déficit de dotación en el país, uno se pregunta con qué carabineros se hará este plan. Aquí ha existido una total falta de transparencia del Gobierno.
El año pasado, por ejemplo, la entonces ministra Siches y los subsecretarios Monsalve y Vergara anunciaron en una solemne ceremonia frente a La Moneda el “Plan 700”, que consistía en reforzar la presencia policial con 700 carabineros en 17 comunas de la Región Metropolitana.
¿Calle sin Violencia usará los mismos 700 carabineros del plan anunciado el año pasado? ¿Si son otros, de dónde provienen y cuántos son? ¿Qué pasó con el “Plan 700”, continúa, se terminó? ¿Cuáles fueron los resultados? Se prometió una evaluación en el lanzamiento y aún no se conoce. No se pueden seguir anunciando y anunciando planes sin dar cuenta si resultaron o no.
¿CON QUÉ FISCALES?
Es una muy buena noticia que se quiera mejorar la persecución penal de los crímenes más graves, pero uno se pregunta con qué fiscales, si cada uno tiene casi 2 mil causas al año. Claramente se requieren más recursos para el Ministerio Público y hasta ahora no se conocen.
El propio fiscal nacional dijo, en el lanzamiento del plan, que “para su puesta en marcha se requiere de presupuesto, organización interna y diseño concreto de protocolos de actuación; y hemos estado trabajando en todo ello con la mayor rapidez, para que comience lo antes posible, una vez que tengamos las condiciones para hacerlo”. O sea, ¿la fiscalía aún no tiene los recursos ni las condiciones para empezar este plan? Eso sería muy grave.
¿CON QUÉ RECURSOS?
El actual Gobierno ha anunciado cuantiosas y sucesivas inyecciones de recursos para combatir el crimen organizado, apoyando a las instituciones que colaboran en ello (Aduanas, SII, Fiscalía, Carabineros, PDI). Es una excelente noticia para el país. De hecho, en el Presupuesto 2023 se habló de la “billetera” del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que recibió $65 mil millones para el plan contra el crimen organizado.
Lamentablemente, el Ejecutivo ha mostrado nula capacidad de gestionar esos recursos. No solo basta con anunciarlos, hay que invertirlos de verdad o no sirven de nada. La existencia de esos fondos se conocía desde octubre del año pasado y se ha utilizado prácticamente cero. Si uno mira la ejecución presupuestaria disponible de la Subsecretaría del Interior, a marzo 2023, las partidas tituladas “Plan Nacional Contra el Crimen Organizado” (0114-Gendarmería; 0116-UAF; 0131-Carabineros y 0003) que acumulan $64 mil 989 millones están en 0% de avance. Una vergüenza.
Sólo una partida por $345 millones tiene un 18% de avance. Es decir, se han ejecutado $62 millones de $65 mil. Dos meses perdidos cuando las instituciones necesitan recursos en forma urgente. Carabineros para equipamiento y vehículos. Aduanas pues, como sabemos, el Puerto de San Antonio, calificado por la ONU como principal puerto para trasladar droga estuvo por meses sin scanner.
¿Cuánto más tendrán que esperar por los recursos de la “billetera” de Monsalve? ¿Cuál es el sentido de urgencia? Esto pone una seria duda sobre la capacidad del Ejecutivo de gastar los recursos que se anuncian. Si no es capaz de gastar $65 mil millones, menos lo será el Gobierno respecto de los US$ 1.500 millones adicionales que anunciaron con bombos y platillos para seguridad. Son palabras que al final se las lleva el viento.
¿CON QUÉ EVALUACIÓN?
“Como toda política pública, estamos disponibles a evaluación… Evidentemente vamos a tener indicadores para medir y evaluar la política y propusimos que esta evaluación la pudiéramos hacer en conjunto con las asociaciones de municipios”. ¿Aún no tienen los indicadores de evaluación para una política que supuestamente se viene trabajando desde enero? ¿Con qué periodicidad se harán? ¿Serán públicos? La verdad es que esta administración anuncia sucesivamente distintos planes y nunca se conocen sus resultados, como ocurrió con el plan de reforzamiento de la RM con 700 Carabineros, anunciado el año pasado.
¿CON QUÉ CRITERIO DE SELECCIÓN?
Rendir cuenta, actuar con transparencia es lo mínimo que se le puede pedir a quienes detentan la administración del país. En el gobierno pasado, Interior daba cuenta todos los martes de las cifras. Es de esperar que, si alguna vez finalmente existen criterios para evaluar, sean mejores que el que se usó para elegir las 46 comunas de Calle sin Violencia.
El Subsecretario Monsalve dijo que se escogió de acuerdo a las cifras del Observatorio de Homicidios de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero resulta que esas cifras no se conocen públicamente y no existen cuando las solicita la prensa. Además, un estudio de la UDD da cuenta de que, según los datos disponibles del CEAD de la propia Subsecretaría de Prevención del Delito, quedaron fuera del plan ocho comunas que tienen más homicidios que las que sí fueron incluidas. Un poco de seriedad por favor. Qué respuesta se les da a esas familias que viven con permanente temor. Qué respuesta se entrega a los niños de Pedro Aguirre Cerda, que vieron suspendidas sus clases por un funeral de alto riesgo.
¿QUÉ PASÓ CON LOS 38 BARRIOS PRIORITARIOS?
No se entiende la demora de un año en iniciarlo, más aún cuando la misma intervención multidimensional anunciada por Calle sin Violencia (policial, obras de mejoramiento urbano y trabajo multisectorial) ya se venía haciendo en la Subsecretaría de Prevención del Delito a través del Programa Barrios Prioritarios (BP).
Obviamente, todo se puede perfeccionar, cambiar y mejorar. Pero la seguridad requiere de una política de Estado que no puede partir de cero. En los BP, Carabineros y la PDI hacían una intervención policial (mayor patrullaje, fiscalizaciones de armas, controles de identidad y desbaratar bandas criminales). ¿Esa intervención policial terminó en 2022 sólo porque había sido impulsada por el Gobierno anterior? Eran las zonas de mayores delitos violentos, sería grave.
