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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El INDH ofició a la Fiscalía Nacional y a la PDI para conocer cómo investigan reportes de plataformas digitales sobre presuntas amenazas a autoridades, qué información reciben y qué protocolos aplican. También consultó a Subtel por las normas de privacidad, en medio de detenciones por mensajes contra el presidente José Antonio Kast. El organismo recordó que interceptar comunicaciones requiere autorización judicial y, junto a Derechos Digitales, advirtió sobre la necesidad de proteger la privacidad y la libertad de expresión.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició a la Fiscalía Nacional y a la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar antecedentes sobre los procedimientos que realizan tras recibir reportes de empresas de plataformas digitales por eventuales amenazas contra autoridades, así como los criterios utilizados y la existencia de protocolos para abordar estas denuncias.

La acción se produce en medio de una serie de detenciones registradas este año por publicaciones y mensajes en redes sociales considerados amenazantes contra autoridades de gobierno. En particular, al menos cuatro personas han sido formalizadas por amenazas contra el presidente José Antonio Kast desde que asumió el cargo en marzo.

Según antecedentes de prensa recogidos en los oficios, algunas de estas investigaciones se habrían iniciado a partir de reportes enviados por empresas como Meta a la PDI, lo que abrió interrogantes sobre el tipo de información que reciben las policías y las condiciones bajo las cuales pueden utilizarla.

En ese contexto, el INDH también consultó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) por las normas vigentes y las fiscalizaciones relacionadas con la privacidad de las comunicaciones.

Desde el organismo recordaron que la Constitución garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y que su interceptación requiere autorización judicial previa, además de ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Al respecto, el director del INDH, Yerko Ljubetic, sostuvo que “la Constitución protege las conversaciones privadas de todas las personas, también cuando tienen lugar en una plataforma digital”.

“En ejercicio de nuestras atribuciones legales, solicitamos antecedentes para conocer qué información reciben las autoridades y cómo se resguarda ese derecho al investigar una denuncia. Contar con sus respuestas nos permitirá examinar estos procedimientos con mayor fundamento”, complementó.

INDH y Derechos Digitales abordan situación

En paralelo, el INDH sostuvo una reunión con representantes de Derechos Digitales, organización que trabaja por el fortalecimiento de los derechos humanos en el entorno digital en América Latina, mediante la investigación, difusión de información e incidencia en políticas públicas.

La entidad forma parte del Registro de Instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos del INDH, que reúne a más de 160 organizaciones.

Durante el encuentro, ambos equipos acordaron desarrollar acciones de colaboración para abordar esta situación, además de enfrentar otras preocupaciones relacionadas con el aumento de noticias falsas, discursos de odio y distintas expresiones de violencia digital en el debate público.

Al respecto, Catalina Balla, directora de comunicaciones de Derechos Digitales, valoró que el INDH solicite explicaciones sobre la entrega de información de Meta a la PDI.

“Nos preocupa la falta de transparencia sobre cómo Meta detecta los mensajes que reporta, si usa sistemas automatizados, con qué criterios alerta a la policía, qué datos entrega y con qué fundamento legal la PDI los usa”, planteó.

En esa línea, Balla sostuvo que las amenazas reales deben ser investigadas, pero advirtió sobre la necesidad de distinguirlas de otras expresiones protegidas en democracia.

“En una democracia, la opinión, la crítica y la burla hacia una autoridad están protegidas, y nadie debería temer que un mensaje así termine en una detención. Es necesario conocer el alcance de estas prácticas y asegurar que se respeten la privacidad, la libertad de expresión y las garantías del debido proceso”, concluyó.