Finalmente, la policía británica admitió que las órdenes judiciales que permitieron registrar dos de las propiedades del expríncipe Andrés en febrero pasado no cumplieron con la ley, luego de que así lo señalara este jueves un juez del Tribunal Superior británico.
Sin embargo, la misma policía aclaró que la investigación por “presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público” contra el hermano del rey Carlos III “continúa abierta”, referente a su época como representante comercial del Reino Unido.
Una base legal equivocada
Resulta que las órdenes fueron emitidas el 18 de febrero y ejecutadas al día siguiente en Wood Farm, en la finca real de Sandringham (este de Inglaterra), y en Royal Lodge, en Windsor (oeste de Londres).
Pero la policía reconoció que la decisión inicial del tribunal penal londinense de emitir las órdenes fue incorrecta, dado que los agentes habían utilizado al solicitarlas una disposición legal inadecuada.
Por lo anterior, llegaron a un acuerdo con el hermano del monarca para declarar que fue un procedimiento ilegal, aunque recalcaron que el acuerdo “no constituye un juicio sobre nuestra investigación en curso”.
Ante esto, el juez Nicholas Hilliard indicó, en una vista pedida por Andrés Mountbatten-Windsor, que las órdenes ya habían sido anuladas tras el acuerdo y subrayó que esto “no pone fin a la investigación ni significa que toda la investigación fuera ilegal”.
El origen del caso
Recordemos que Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue detenido el 19 de febrero después de que documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugirieran que compartió información confidencial con el financiero Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011.
En la oportunidad fue interrogado y quedó en libertad, negando todas las acusaciones.
El escándalo llevó al rey a iniciar, el 30 de octubre de 2025, el proceso para retirarle sus títulos, honores y el tratamiento de príncipe, tras lo cual debió dejar Royal Lodge y se trasladó a una vivienda en Sandringham.
Desde entonces recibe un estipendio no precisado del rey, de sus finanzas privadas. La semana pasada se supo que Carlos III le prohibió usar ese dinero para pagar las costas legales de este proceso.
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