El ministro Martín Arrau le dio un nuevo impulso al proyecto de ley que crea un número único de emergencia, algo así como un 911 chileno, al abordar el tema en la Comisión de Seguridad del Senado que estudia la iniciativa. ¿Es este 911 una herramienta efectiva o abre la puerta a enfrentamientos entre reparticiones públicas?
Chile se encuentra en un momento clave para la evolución de su institucionalidad frente a las emergencias. Mientras el país aún consolida la implementación de la Ley 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), se discute ahora la creación del Sistema Nacional de Protección Ciudadana (Sinaproc), que establece el número único de emergencias.
La pregunta no es si Chile necesita fortalecer la protección ciudadana. Evidentemente lo necesita. La verdadera discusión es si ambos sistemas serán capaces de complementarse o si terminarán operando como estructuras paralelas. El desafío comienza después de la llamada de un ciudadano a este 911, porque aquí pueden chocar y duplicarse las respuestas entre el Sinapred y el Sinaproc.
La experiencia reciente demuestra que las emergencias ya no responden a categorías rígidas. Un incendio forestal puede transformarse en una crisis de seguridad pública. Un terremoto puede generar problemas de orden público. Una emergencia tecnológica o un ciberataque pueden afectar simultáneamente la seguridad, la infraestructura crítica y la continuidad de los servicios esenciales.
Los riesgos actuales son convergentes. Las instituciones también deberían serlo.
En este contexto, uno de los aspectos más positivos del proyecto Sinaproc es que reconoce la importancia de aprovechar capacidades ya desarrolladas por la Ley 21.364, especialmente en materia de telecomunicaciones e intercambio de información. Esta visión abre una oportunidad para construir una infraestructura común al servicio de la seguridad pública, la protección civil y la gestión de desastres.
Sin embargo, también surgen desafíos importantes. Chile ya cuenta con una estructura territorial de coordinación a través de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). La creación de nuevas instancias paralelas podría generar duplicidad de funciones, mayores costos y dificultades de coordinación justamente cuando más se requiere eficiencia.
La discusión trasciende lo administrativo. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para enfrentar amenazas cada vez más complejas en un escenario marcado por el cambio climático, la urbanización, la dependencia tecnológica y la creciente exposición de la infraestructura crítica. Los países más avanzados en resiliencia han entendido que la solución no consiste en crear más sistemas, sino en integrar capacidades.
La ciudadanía no distingue entre una emergencia de seguridad pública y un desastre natural. Tampoco distingue entre ministerios o servicios. Lo único que espera es una respuesta rápida, coordinada y eficaz cuando más la necesita.
Por ello, el éxito de Sinaproc no dependerá de las nuevas estructuras que pueda crear, sino de su capacidad para integrarse con Sinapred y fortalecer una visión común de protección de las personas.
Porque el desafío de los próximos años no será crear más sistemas. Será lograr que todos funcionen como uno solo cuando Chile enfrente su próxima gran emergencia.
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