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Chile se proyecta así como un actor principal global en los dos metales críticos para la electromovilidad.
El acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama sigue avanzando en su implementación y se viene consolidando como el negocio público-privado más grande de la historia de nuestro país. Se trata de una decisión que marcará el posicionamiento de Chile en un mercado global estratégico.
Con mucha atención seguí este proceso. Como miembro de la Comisión de Minería, y en atención a la importancia del tema, una vez que comenzaron las tratativas profundicé mi estudio y luego solicité una Sesión Especial de Sala para revisar sus alcances. A ella asistieron el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, la ministra de Minería y el ministro de Hacienda. Allí expuse las razones de por qué consideré que el acuerdo, sin ser perfecto, era lo mejor a lo que podía aspirar el país para aprovechar los beneficios del metal. Mi posición fue minoritaria.
Que el Estado de Chile llegue a captar hasta el 85% de la renta económica de su explotación —utilidades, más impuestos y royalty— es lo que me hizo entender que había que superar los juicios y prejuicios que existían con SQM.
A ello se suma la obligación de mejorar ambientalmente la producción, fortalecer la relación con los pueblos originarios del salar y con la región y sus comunas, y hacerlos participar de la renta. No podemos olvidar que la posición dominante de dicha empresa en el Salar se consolidó en sucesivos gobiernos en democracia.
Hoy, con NovaAndino, el Estado avanza en el control de la explotación con el 50% más uno de la propiedad, bajo un modelo público-privado que entrega garantías. La ausencia de licitación, criticada por actores legítimamente interesados y que desplegaron acciones mediáticas, políticas y judiciales, ayudaron en la transparencia del proceso.
Los pocos y voraces actores con capacidad —incluido uno dentro de la propiedad de SQM, como Tianqi— podrían haber dilatado o hecho fracasar el proceso por la vía judicial, como ocurrió con las licitaciones de litio que intentó el expresidente Piñera en sus dos gobiernos. Nada garantizaba que una licitación fuera exitosa, y el tiempo sigue siendo un factor crítico. El otro camino hubiera dejado el tema en manos del gobierno de Kast.
El presidente Gabriel Boric, de la mano de Máximo Pacheco, impulsó este acuerdo, dejando un legado concreto al país, estimado a valor presente entre US$20 mil y US$50 mil millones, según distintos cálculos. Chile se proyecta así como un actor principal global en los dos metales críticos para la electromovilidad.
No puedo terminar sin recordar al entonces diputado Narciso Irureta, quien a fines de los años 60 alertó al país en la Cámara de Diputados (sesión del 23 de abril de 1969) sobre la relevancia económica y estratégica del litio y los salares, así como la necesidad de su protección. Gracias a esa visión, CORFO se hizo de las pertenencias. Así partió esta historia, que hoy por hoy entra en una nueva etapa.
