No es un subsidio al empleo: es otra rebaja tributaria

El Gobierno ha presentado su nuevo “subsidio al empleo” como una gran respuesta al desempleo y el empleo informal. Pero, a la luz de los antecedentes conocidos hasta ahora, cuesta llamarlo política de empleo.

Todo indica que estamos frente a otra cosa: un crédito tributario a las empresas, caro en términos fiscales y débil en capacidad real de crear puestos de trabajo.

Con algunos exasesores del Ministerio del Trabajo elaboramos un documento técnico interesante. Este ejercicio indica que, sobre la base del diseño anunciado públicamente, el costo efectivo de la medida sería bastante mayor que el sugerido por el gobierno: del orden de US$1.728 millones al año.

Y su capacidad de generar empleo formal sería acotada, con un rango estimado entre 38 mil y 50 mil empleos solamente. En términos simples, se trata de una política muy costosa para resultados bastante modestos. No pasa un filtro razonable de costo-efectividad.

El problema no termina ahí. Cerca de un tercio de los trabajadores potencialmente cubiertos por el beneficio está en grandes empresas, lo que significa que una parte relevante de los recursos públicos terminaría financiando planillas de compañías que no son precisamente las que enfrentan más dificultades para contratar.

El ejercicio estima que más de US$550 millones podrían terminar beneficiando grandes empresas. Eso refuerza una sospecha evidente: esta medida no está diseñada prioritariamente para crear empleo, sino para bajar la carga tributaria del sector empresarial.

Por supuesto, hay que ser rigurosos. Si bien este es un ejercicio económico serio, basado en lo que hoy se conoce de la medida, todavía falta conocer el proyecto de ley definitivo y, sobre todo, su informe financiero. Ahí deberá verse si el Ejecutivo transparenta el verdadero costo fiscal, la focalización del beneficio y su efecto esperado.

Con todo, la decisión de canalizar esto por la vía tributaria y no como una política de empleo propiamente tal dice mucho.

Por un lado, muestra una vez más la subordinación del Ministerio del Trabajo al Ministerio de Hacienda. Por otro, indica que la apuesta de Quiroz parece ser reducir la tasa corporativa efectiva hacia niveles cercanos al 21%, combinando dos caminos: la rebaja explícita del impuesto de primera categoría de 27% a 23% y este nuevo crédito tributario por trabajadores de bajos salarios.

Lo que corresponde es una alternativa distinta: presupuestaria, focalizada y pro-empleo de verdad. Una política así debiera, al menos, complementar parte de los ingresos de los trabajadores; concentrarse en empresas realmente golpeadas por la coyuntura de alza del petróleo y su consecuente transmisión a otros insumos; y poner el grueso de los incentivos en nuevas contrataciones, no en subsidiar planillas ya existentes. Esa sí sería una política laboral.

Fidel Bennett
Exjefe de Políticas de Empleo, Ministerio del Trabajo
Socio del Estudio La Firma