El precio de la guerra que no es nuestra

El jueves 26 de marzo, en Nueva Imperial, en Angol, en Lumaco, en decenas de comunas de La Araucanía, alguien llenó el estanque y pagó más. No un poco más: $370 por litro de bencina de 93, $580 por litro de diésel. Para muchas familias que recorren 40 kilómetros diarios para trabajar o llegar a un hospital, eso no es una cifra técnica. Es una decisión forzada: qué dejar de comprar esa semana.

Porque cuando sube el precio de los combustibles, también sube la vida cotidiana: pagar dos mil pesos más en un pasaje de locomoción colectiva puede ser, literalmente, la diferencia entre comprar un kilo de pan o no.

El gobierno ha explicado esta alza con una palabra: guerra. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habla de un shock internacional, de un mercado que se tensiona por el conflicto en Medio Oriente. Pero el problema no es que exista una guerra. El problema es usarla como explicación suficiente.

Porque lo que estamos viendo no es solo el efecto de un conflicto externo. Es una decisión interna: dejar que ese efecto se traspase íntegro a las familias. Y eso sí es política.

No es la primera vez que Chile enfrenta un alza internacional del petróleo. En 2022, con la invasión a Ucrania, el contexto era igual o más complejo. Pero entonces no se optó por la inercia. El Estado intervino, amortiguó, asumió parte del costo. Se entendía algo básico: que el mercado no puede ser el único criterio cuando lo que está en juego son condiciones mínimas de vida.

Hoy ocurre lo contrario. Se describe el problema, pero no se actúa sobre él. Y eso no es neutralidad. Es renuncia.

Más aún, la explicación oficial tiene vacíos que no son menores. Chile ha diversificado su matriz de abastecimiento en los últimos años, reduciendo su dependencia del Medio Oriente. Si esa estrategia era precisamente para evitar que conflictos de esa región nos golpearan directamente, entonces alguien tiene que explicar por qué hoy ese impacto se reproduce sin mediaciones. No basta con decir “es la guerra”. Hay que demostrarlo.

Porque, en la práctica, el precio en Chile no responde únicamente al costo real del combustible, sino a una regla económica que decide anticipadamente quién paga el riesgo: el llamado costo de paridad de importación. Bajo ese criterio, el precio se fija como si todo el combustible se comprara hoy al valor más alto del mercado internacional, independientemente de su origen o de cuándo fue adquirido.

Esa no es una ley de la naturaleza. Es una elección. Y es una elección que favorece la estabilidad del mercado, pero no la estabilidad de las familias.

En territorios como La Araucanía, esa decisión es especialmente injusta. Aquí no hay alternativas de transporte, no hay redes suficientes, no hay margen de adaptación inmediata. El combustible no es un consumo discrecional. Es una condición de vida.

Por eso oficié al Ministerio de Energía. Porque lo mínimo exigible es transparencia: saber de dónde viene el petróleo, cómo se compone la matriz de abastecimiento, cómo se construye el precio final. No para polemizar, sino para despejar algo esencial: si este aumento es inevitable o si es el resultado de decisiones que podrían ser distintas.

Mi convicción es clara: hoy el Estado está eligiendo no intervenir. Y cuando el Estado se retira en un contexto de desigualdad, no deja un vacío. Deja a las personas solas frente al mercado.

La política energética no puede limitarse a replicar el precio internacional. Tiene que hacerse cargo de la realidad social del país. De lo contrario, lo que se llama “precio” deja de ser un dato económico y se transforma en una forma de desigualdad.

Las familias no viven en el mercado global. Viven en territorios concretos, con ingresos concretos y con necesidades que no se pueden postergar.

Por eso esta discusión no es técnica. Es profundamente política. Y la pregunta ya no es si hay una guerra en el mundo. La pregunta es por qué el gobierno decidió que esa guerra la paguen quienes no tienen cómo esquivar este costo.