Altos ejecutivos legales de Apple llegaron hasta la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para participar en una reunión con el fiscal nacional económico, Jorge Grünberg.
Todo en el contexto de una demanda de la organización Acción Consumidores, quien acusa a la firma de la manzana por abuso de posición monopólica respecto al control exclusivo sobre la distribución de aplicaciones en los dispositivos móviles, además de la obligación del uso del sistema de Apple para procesar pagos en esos dispositivos.
Según pudo revelar Pulso, la cita del 19 de marzo duró una hora, donde por parte de Apple llegaron cuatro representantes, tres de ellos integrantes de las áreas legales de la compañía y de la App Store.
Y según el acta citada por el medio, la reunión se centró en el análisis de datos administrativos y decisiones vinculadas a la investigación, mientras que la presencia de los directivos de la plataforma de aplicaciones de Apple se liga a las indagaciones sobre las políticas de pago y comisiones de la compañía.
La reunión entre Apple y la Fiscalía Nacional Económica
La compañía donde Steve Jobs fue cofundador se ha visto enfrentada a distintas demandas por temas de competencia en lugares como Europa.
Por ejemplo, a fines de diciembre, la autoridad antimonopolio de Italia aplicó una multa de 98 millones de euros por abuso de posición dominante respecto a su política de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones (ATT).
Es decir, las normas de privacidad impuestas por la empresa a los desarrolladores externos de aplicaciones distribuidas a través de la App Store desde abril de 2021. Según informó el organismo, tras una compleja investigación en coordinación con la Comisión Europea, se determinó que la ATT es restrictiva desde una perspectiva de competencia.
En concreto, explicaron que los desarrolladores externos deben obtener el consentimiento específico para la recopilación y vinculación de datos con fines publicitarios a través de una pantalla impuesta por Apple, la llamada solicitud ATT.
Sin embargo, esta solicitud es insuficiente para cumplir con los requisitos de la legislación sobre privacidad, lo que obliga a los desarrolladores a duplicar las solicitudes de consentimiento para el mismo fin.