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La eficacia de este discurso es tal, que los sectores progresistas en diversos países —incluido Chile— no han logrado articular una contra-narrativa sólida, adoptando en muchos casos el mismo marco interpretativo (frame) impuesto por estos grupos ultraconservadores.
Hace pocos días, un grupo de diputados presentaron un proyecto de ley al Congreso para reducir el acceso a derechos de personas migrantes en situación irregular, en plena época electoral, periodo que suele utilizarse la temática migratoria como una forma fácil de captación de votos. Y lo hacen en un ambiente social en que han calado profundo los discursos negativos sobre las personas migrantes, que cruzan el espectro político, de lado a lado, sin grandes distinciones.
No es algo novedoso. Ya en otros contextos conservadores estas ideas han ido planteándose, incluso llegando a querer sustraer derechos ya adquiridos por colectivos extranjeros residentes.
Estas políticas diferenciadas que, al final, promueven la exclusión de ciertos grupos sociales, ponen en la palestra un modelo valórico basado en el “nativismo”, es decir, la preferencia por ciudadanos nacionales por sobre las personas extranjeras, a quien se les sitúa en posiciones de subordinación. Este modelo nace en el cruce de matrices estructurales, muy vigentes y reactualizadas en discursos y prácticas de odio, de xenofobia, racismo y aporofobia.
La fórmula populista radical es sencilla y la hemos escuchado en otras latitudes (desde Alemania, España, Estados Unidos a Brasil, Argentina, Perú y otros países) no sólo por sectores de extrema derecha: la vinculación de la migración con la inseguridad, endurecimiento de las políticas de ingreso, persecución digital, reclusión, restricción de derechos, control fronterizo y deportaciones expeditas y masivas.
Desde la década de 1990 se ha configurado un nuevo sujeto de atención en la agenda internacional y nacional: las personas en situación migratoria irregular.
El uso discursivo de esta categoría tiene un fuerte componente simbólico, pues moldea la percepción social de “la otredad” en contextos donde coexisten poblaciones nacionales y extranjeras.
El relato nativista sobre la “amenaza de reemplazo” —social, cultural o económica— y la idea de una “marea incontrolada” refuerzan un sentido de peligro que cala profundamente a nivel emocional, especialmente en sociedades cimentadas en un nacionalismo sociocultural como la nuestra, generando apoyo tanto en sectores conservadores como en grupos empobrecidos.
La eficacia de este discurso es tal, que los sectores progresistas en diversos países —incluido Chile— no han logrado articular una contra-narrativa sólida, adoptando en muchos casos el mismo marco interpretativo (frame) impuesto por estos grupos ultraconservadores.
Pero como señala el politólogo Tarik Abou-Chadi, cuando los sectores de izquierda asumen este mismo marco conceptual sobre la migración dado por la extrema derecha, no les favorece a la larga a sí mismos, sino que refuerzan el crecimiento de las fuerzas de ultraderecha, que son quienes detentan la legitimidad de dicho relato.
La posibilidad real de expulsar a todas las personas en situación irregular es un eslogan fácil, pero de difícil implementación. ¿Sería justo? La gran mayoría está desarrollando su vida y contribuyendo al país (trabajan, viven, pagan arriendos, compran, se mueven por la ciudad, etc.), salvo un pequeño sector de éstos, pero como también es pequeño el grupo de chilenos que delinquen en relación con las grandes mayorías residentes. Al contrario, la mantención sin claridad de esa situación de irregularidad por años -como está sucediendo en nuestro país- sólo nos perjudica a todos como comunidad.
Se requiere una regularización. Esto permitirá la integración efectiva -económica, social, cultural- reduciendo percepciones de amenaza y fortaleciendo la confianza social; podrán participar legalmente, cumpliendo deberes también, podrán contribuir con impuestos y seguridad social, permitirá disminuir la competencia desleal en el mercado ya que empleadores deberán cumplir con salarios regulares, incrementará la productividad y el consumo, y permitirá una prevención de enfermedades para que la comunidad esté protegida completa ya que los sistemas de salud inclusivos se vuelven más eficaces para la prevención y control epidemiológico.
La regularidad permite sacar de la invisibilidad las prácticas laborales de explotación y abuso, reforzando derechos laborales y humanos, y ello, beneficia a la comunidad nacional ya que evita la precarización generalizada.
Mantener esta división entre nosotros y ellos, a largo plazo, nos perjudica. Como en su momento nos insinuó, Hanna Arendt, donde hay personas sin derechos, se erosionan los derechos de todos
