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En pocos días más la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados deberá votar sobre la tramitación del proyecto de ley de Royalty Portuario que presentamos el 31 de julio. Será un momento clave para el destino de una idea que viene ganando fuerza desde hace varias décadas atrás.
La iniciativa busca corregir una injusticia permanente que sufren las ciudades puerto como Valparaíso, San Antonio, Antofagasta, entre otras. Actualmente, la actividad portuaria -motor del comercio internacional- no compensa los impactos ambientales ni el deterioro de la infraestructura vial.
Los puertos tampoco contribuyen al desarrollo económico de sus ciudades, cuando son justamente esas comunas las que experimentan retrasos significativos en sus servicios, infraestructura y calidad de vida de sus habitantes.
Por ello nuestro proyecto de ley de Royalty Portuario propone que las empresas navieras aporten un dólar por tonelada transferida, recursos que se distribuirán en un cincuenta por ciento a las comunas puerto y en un cincuenta por ciento a las regiones donde se emplazan.
Al mismo tiempo, el proyecto prevé una gradualidad de tres años para aplicar la compensación de un dólar por tonelada. Dadas las enormes necesidades de las ciudades puerto, lo recaudado cada año se destinará a financiar infraestructura en educación, salud y transporte. También podrá invertirse en proyectos patrimoniales y en obras de desarrollo comunal o regional.
Si pensamos en la realidad de Valparaíso y San Antonio, por ejemplo, hoy exhiben un elevado desempleo estructural y un nivel de informalidad que se aprecia con sólo recorrer sus calles. La recuperación económica de ambas ciudades requiere recursos significativos para invertir en infraestructura y en proyectos que generen empleo y crecimiento. Ese es el sentido de nuestro proyecto, que ya ha recibido el respaldo de la candidata presidencial Jeannette Jara y de la alcaldesa de Valparaíso Camila Nieto.
Vamos a lo más concreto. Si consideramos los datos de transferencia de carga de 2024, la Ley de Royalty Portuario aportaría, en régimen, cerca de 34 mil millones de pesos a la Región de Valparaíso, lo que podría financiar la adquisición de 136 buses eléctricos o pavimentar 52 kilómetros de calles y pasajes.
Como era previsible, han surgido voces que portan anuncios catastróficos, que hablan de freno en las inversiones y otros males. Es la misma desafinada canción que escuchamos cuando discutimos el royalty minero. Ninguno de los malos augurios de entonces se cumplió: las mineras siguen percibiendo grandes utilidades y, más importante aún, las comunas están ejecutando proyectos con los fondos del royalty que benefician a la población.
Por otro lado, no está de más considerar la experiencia comparada. De acuerdo al académico de la UNAB Arturo Barahona, el Puerto de San Diego, en los Estados Unidos, destina parte de los ingresos a un fondo que financia proyectos de desarrollo económico y social, como la construcción de viviendas asequibles.
El Congreso Nacional tiene una oportunidad. La inminente votación sobre la admisibilidad del proyecto de Ley de Royalty Portuario en la Cámara de Diputadas y Diputados puede abrir, por fin, el camino al desarrollo justo y postergado de nuestras ciudades puerto.
