El mejor negocio del crimen organizado

Cinco aviadores trasladando ketamina en un vuelo institucional. Seis militares traficando desde Bolivia 192 kilos de cocaína y pasta base, avaluados en $3 mil millones. Un fiscal removido por vínculos con narcotraficantes. Un sicario de 18 años, presunto miembro del Tren de Aragua, liberado por “error administrativo” y hoy prófugo.

Todo eso en un mes.

El narcotráfico se metió dentro del Estado

Chile ya no puede seguir hablando del narcotráfico como un fenómeno que ocurre “allá afuera”. No es un problema que está solo en las poblaciones o en el extranjero. El narco se metió dentro del Estado. Ya no es amenaza, es realidad.

La reacción política ha sido predecible. Más controles. Más protocolos. Más rotaciones. Pero ninguna pregunta de fondo. ¿Por qué, si llevamos décadas encarcelando personas por delitos relacionados con drogas, el narcotráfico no se debilita sino que crece? ¿Por qué si llenamos cárceles, aumentamos penas y desplegamos militares, la violencia escala y las redes criminales se vuelven más sofisticadas?

Daniel Matamala recordó hace poco en una columna (Narcomilitares: el caso cero), cómo México apostó por la militarización sin los resguardos adecuados, y terminó incubando el cartel de Los Zetas. 400 mil muertos les costó. Esa experiencia muestra que, cuando se entrega poder sin contrapesos, el narco penetra en las instituciones. Hoy, el modelo de “sacar a los milicos” ya no convence. La opinión pública sabe que bastan los primeros indicios de vínculos con el narcotráfico para que el despliegue militar se convierta en parte del problema, no de la solución.

Ignoramos las lecciones internacionales. En el Día Mundial de las Drogas 2024, la ONU concluyó que la “guerra contra las drogas” había fallado: no detuvo las mafias, colapsó instituciones, saturó cárceles y vulneró derechos humanos. A similares conclusiones llegó el informe de la OEA el 2013, Informe de drogas en las Américas: “En un marco de prohibición, la economía de las drogas ilegales requiere del soborno, la connivencia y la omisión de servidores públicos para proteger sus operaciones y garantizar la impunidad de sus acciones. Si en algo existe consenso en materia de economía ilegal de drogas es que ésta y el crimen organizado no pueden existir sin corrupción”.

Regulación, prevención y salud pública

La evidencia actual y el consenso global nos insta a cambiar el enfoque: salud pública, prevención, reducción de daños y regulación más que guerra y represión.

En Chile no somos ajenos a esta realidad. Según Carabineros, entre enero y septiembre de 2024 se incautaron 29,5 toneladas de droga en todo el país, de las cuales 23,4 toneladas correspondían a marihuana elaborada. Es decir, casi el 80 % del total. Y eso es solo lo que se logró incautar.

Regular, como ya hicieron Uruguay, Alemania y varios estados de EE.UU., no es un gesto woke o progre, sino una medida estratégica: permite quitarle terreno al narco, reasignar recursos policiales y proteger a quienes consumen con fines médicos o recreativos sin causar daño a terceros.

La contradicción más indignante es que uno de los principales perseguidores de pacientes y usuarios de cannabis, el exfiscal Jorge Mena, hoy enfrenta una remoción por sus vínculos con narcotraficantes. Fue quien, en el caso de un joven usuario medicinal (Nicolás Bustamante), solicitó cinco años de cárcel por cultivar tres plantas con receta médica. Asistí a su juicio, pudiendo ver en vivo el descaro del exfiscal, quien con toda la prueba a la vista que llevó a la absolución de Nicolás, en su alegato final, insistía en la condena. También lo hizo con Gabriel Rodríguez, otro usuario medicinal, cuyo proceso aún sigue abierto. Una justicia que golpea con fuerza a los pacientes y es blanda con los narcos.

Por eso es tan importante regular. Porque no se trata de permisividad, sino de control. De evitar que personas sigan expuestos a la criminalización, mientras las verdaderas redes de narcotráfico operan con impunidad. Y para desmantelar esas redes se requieren herramientas reales.

No basta con gestos simbólicos o discursos moralistas

Según un reportaje de CIPER (14 de julio de 2025), el sistema financiero chileno no emitió alertas ante miles de operaciones asociadas al Tren de Aragua. Lo han dicho todos los expertos: el levantamiento del secreto bancario, junto con una mayor capacidad autónoma de fiscalización financiera por parte del Estado, son medidas imprescindibles. No basta con gestos simbólicos o discursos moralistas. Necesitamos instituciones que puedan seguir la ruta del dinero, detectar irregularidades, y actuar con independencia frente al poder económico del crimen organizado. Mientras, seguimos persiguiendo a los consumidores y el lavado de dinero sigue funcionando sin control.

En tiempos complejos, necesitamos soluciones que estén a la altura del problema. Regular el cannabis y levantar el secreto bancario no son ideas extravagantes, son herramientas concretas para enfrentar al crimen organizado donde más le duele: en sus finanzas y en su hegemonía sobre los territorios.

El mejor negocio del narcotráfico no es solo una planta; es la inacción del Estado, es mirar para otro lado mientras las redes criminales se fortalecen. Si no actuamos ahora, con inteligencia, evidencia y coraje, no será necesario que el narco golpee la puerta. Tal vez ya la cruzó, y lo dejamos pasar sin darnos cuenta.