Este ministerio debe dar garantía a los chilenos que lo sustentable, correctamente equilibrado, debe ser su norte.

El Ministerio del Medio Ambiente en Chile fue creado en 2010 mediante la ley 20.417, sin embargo, ya en 1994 se promulgó la ley sobre Bases Generales que creaba la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

Gran parte de lo vivido en la época, tanto en Chile como en el resto del mundo, reportaba crecientes problemas ambientales en varios lugares. En nuestro país ya era notorio que el aire de Santiago y de algunas ciudades del sur comenzaba a tornarse irrespirable, como también algunas crisis en zonas de sacrificio, como las de Quintero y Puchuncaví, eran noticia recurrente.

A nivel internacional, la disminución de la fauna terrestre y acuática, la contaminación de los mares y la deforestación, principalmente provocada para “limpiar” terrenos para agricultura o ganadería, eran motivo de preocupación. Junto a esto, las evidencias de aumento de la temperatura del planeta eran cada vez más ciertas.

A partir de esto, los diferentes Estados reaccionaron creando entidades que se preocuparan del tema, siendo muchas de ellas de carácter ministerial. Al mismo tiempo, en el mundo aumentaron exponencialmente las ONG ambientales, con un enfoque mayoritariamente orientado a proteger mediante prohibiciones y denuncias.

Del ambientalismo militante al diseño de políticas públicas

Paulatinamente, muchas personas provenientes de estas ONG comenzaron a ingresar a los nuevos ministerios y, en muchísimos casos, esta idea de prohibir, preservar o aislar de la sociedad los recursos naturales, empezó a consolidarse como política nacional mediante leyes, decretos y programas.

Los partidos políticos que adoptaron lo ambiental como eje ideológico (partidos “verdes”), especialmente en Europa, fueron conquistando adeptos, llegando a su máximo auge en el 2019, cuando fueron el cuarto bloque más votado del Parlamento Europeo. Sin embargo, su apoyo electoral fue especialmente urbano y apoyado por ciertas élites.

Pero como toda acción provoca una reacción, el radicalismo sin pragmatismo comenzó a generar tensiones en estos países, especialmente entre los agricultores y las comunidades rurales, quienes comenzaron a expresarse mediante masivas protestas. En Europa en las últimas elecciones los partidos verdes cayeron un 30% pasando al sexto lugar en representación y en Alemania, dicho partido cayó a la mitad en las elecciones del 2024.

En Chile, las exigencias con fuerte enfoque ambiental, sin equilibrio con lo social y económico, han ido subiendo de tono, tornándose cada vez más radicales, en el sentido de que son cada vez más prohibitivas, volviendo muchas veces imposible su cumplimiento, o tornando inviables los proyectos desde el punto de vista económico.

Sustentabilidad: equilibrio entre el crecimiento económico y protección del medio ambiente

Mucha de la regulación ambiental ha estado trabando por años, o derechamente, bajando proyectos de inversión, no solo de índole productiva, sino también algunos con una fuerte componente social, como son hospitales, líneas de transmisión para distribuir energía renovable o plantas desaladoras.

Todos ellos con oportunidades de empleo largamente anheladas —o, a veces, ni siquiera soñadas— por habitantes de zonas rurales rezagadas. Obstaculizando o encareciendo inversiones de alto valor social para proteger, por ejemplo, seis naranjillos, en vez de impulsar estrategias de mitigación, como exigir plantar 100 nuevos ejemplares en el mismo predio. Y así, muchos ejemplos que provocan frustración entre la ciudadanía y, cada vez más, en distintos sectores políticos.

La respuesta que el mundo ha encontrado para abordar el equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente se llama sustentabilidad y tiene más de 300 años de historia, surgiendo en Alemania a partir del ordenamiento de la explotación forestal de los bosques germanos para abastecer la producción carbonífera.

Más recientemente, en la década del 70, con la Conferencia de Estocolmo y en la década del 80 con el informe Brundtland de 1987, se formaliza este vocablo y comienzan a aparecer organismos certificadores, cuyo objetivo es promover una gestión ambientalmente adecuada, socialmente beneficiosa y económicamente viable.

Permisología asfixiante

Pese al reconocimiento transversal de la significación de sustentabilidad, la gestión de las autoridades en Chile desde hace varias administraciones, ha ido pervirtiendo el concepto, homologándolo de manera exclusiva al ámbito ambiental y dando cada vez menos importancia a los impactos sociales y económicos de sus decisiones, lo que resulta en un reduccionismo que termina generando graves implicancias, como es la permisología asfixiante que hoy nos aqueja. La sustentabilidad es una mesa de tres patas, no puede tener una o dos patas cortas, porque así no funciona. Deja de ser sustentabilidad.

El Ministerio del Medio Ambiente tiene la importantísima misión de evaluar proyectos de inversión para Chile, pero al tener ese nombre, provoca visiones y sensaciones, tanto en su personal interno, como hacia el resto de la ciudadanía, de que solo el medio ambiente es su rol.

Lo cierto es que la visión institucional escrita y pública de este ministerio en su página web dice: “Alcanzar el desarrollo sustentable para el país con el objeto de mejorar la calidad de vida de los chilenos, tanto de esta generación como de futuras”; donde el número uno en su enumeración de valores es la sustentabilidad.

Es por lo que este ministerio debe dar garantía a los chilenos que lo sustentable, correctamente equilibrado, debe ser su norte. Entre otras cosas, significa que las regulaciones impulsadas por la cartera deben tener, además, un análisis de su impacto económico y social. La mitigación razonable debería ser su gran aporte.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con los sistemáticos intentos por prohibir el uso de la leña en las ciudades del centro sur del país. (Se mitiga promoviendo leña seca).

También con la paralización de proyectos estratégicos por la pérdida de pocos individuos de una especie vegetal, cuya pérdida puede ser exitosamente mitigada, implantando varias veces lo que se saca.

O el encarecimiento en la importación de maquinaria agrícola para cumplir con normas de emisión internacionales, sin ningún tipo de mitigación económica. Esto pone al sector en desventaja con agricultores de otros países fuertemente subsidiados.

Ministerio de Sustentabilidad: un cambio necesario, de nombre y de enfoque

Los ejemplos son múltiples, pero en esencia las políticas ambientales no pueden significar pérdidas sociales y económicas que, en un horizonte de largo plazo, terminarán afectando también el desempeño ambiental de un país. Los países con carencias económicas no cuidan su medioambiente. No nos engañemos al respecto.

Por todo lo anterior, entonces, tanto para orientar motivacionalmente mejor a su personal interno, desprendiéndolos de sesgos, así como para dar garantías de equilibrio sustentable al resto de la ciudadanía, sugerimos que los políticos den una señal de sensatez y pasen a llamarlo desde ahora Ministerio de Sustentabilidad.