Lidiar con el agravio de tener un Presidente imputado

Cuando el año 2015 me tocó patrocinar la denuncia que dio origen al caso Caval, en las conversaciones con los diputados que impulsaron la acción, Nicolás Monckeberg y Rojo Edwards, se descartó involucrar a la Presidenta Michelle Bachelet.

Podríamos haberlo intentado, dado que el hecho se vinculaba directamente con su familia, pero en ese entonces nos pareció que hubiera sido una decisión irresponsable. Es que entonces era impensado escalar cualquier asunto hasta un Presidente de la República, a menos, claro, que hubiese una vinculación delictiva muy directa sobre la mesa.

Las 25 querellas contra el expresidente Piñera

Pero ocurrió el estallido social y en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la entonces oposición, y especialmente los dirigentes del Frente Amplio, aprovecharon cualquier circunstancia, incluso durante una terrible pandemia, para intentar inmediatamente atribuir responsabilidad penal a subsecretarios, ministros y al propio Presidente. Esto, sobre la base de meras especulaciones interesadas.

Fueron 25 querellas las que debió enfrentar el expresidente, acciones que desmoralizaron al sector y pavimentaron una sensación de derrota total en el gobierno, de la cual nunca fue posible salir del todo.

Hoy, por una denuncia aparentemente infundada, el Frente Amplio vive en carne propia lo que es lidiar con el agravio que implica que el Presidente posea la calidad de imputado, más en un tema tan sensible como es para este gobierno la protección de las mujeres, tan sensible como lo eran los derechos humanos para Piñera, el hombre que alguna vez condenó a “los cómplices pasivos” de la dictadura.

Denuncias infundadas y la legitimidad democrática

Ahora que quienes tenían esa actitud tan agresiva contra él están en La Moneda, ninguna querella o denuncia han presentado contra el Presidente los dirigentes de los partidos de Chile Vamos, pese a que han ocurrido sucesos que, con la lógica con que actuaron en el pasado, hubieran servido de base para deducirlas.

Uno de ellos es el “Caso Fundaciones”, y en concreto la conducta investigada de Irina Karamanos, quien declaró como imputada por hechos acaecidos cuando todavía tenía una relación sentimental con el Presidente Boric.

Debemos esperar que la fiscalía despeje cuanto antes, sin miramientos ni privilegios, la veracidad o falsedad de la denuncia que se ha presentado en contra del Primer Mandatario. No por la persona, sino que por lo que él representa.

La primera magistratura posee la más alta legitimación soberana y democrática en nuestro país y en los tiempos que corren, en los que la sospecha se cierne sobre el poder y es cada vez más difícil gobernar, es muy importante que todas las instituciones públicas sean protegidas de los cuestionamientos infundados, cualquiera sea su motivación.

Así lo entendimos cuando denunciamos el caso Caval, y así debieran empezar a entenderlo todos.