Bolivia elige mediante elección popular a todos los magistrados de su país. Esta práctica ha sido utilizada por el Movimiento al Socialismo para destruir la independencia del Tribunal Constitucional y la independencia del Poder Judicial boliviano, con secuelas negativas al Estado de Derecho.
El 16 de diciembre de 2023, en un hecho sin precedentes, se dispuso la prórroga de los integrantes del Tribunal Constitucional, de manera excepcional y temporal, pero con la connivencia una vez más del gobierno de Luis Arce.
Este tribunal fue el que habilitó la reelección indefinida de Morales el 2016, aún a pesar del plebiscito en contra del mismo año, y que tres años más tarde (2019) declaró la sucesión constitucional de Jeanine Áñez, de la que luego se desdijo. Finalmente, ahora sentenció que Evo Morales no puede presentarse a una candidatura presidencial en 2025.
Como en una pesadilla de mal gusto, otro tribunal, esta vez el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ratificó a mediados de diciembre, la condena de 10 años de prisión a la expresidenta interina Jeanine Áñez por el caso relacionado con su ascenso al poder en 2019.
De nada sirvió repasar por sus abogados una y otra vez la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019. Pese a los esfuerzos de anular la condena, el TSJ declaró “infundado” el recurso de casación presentado por los abogados de la ex mandataria, quien asumió el poder tras la renuncia en cadena de todas las autoridades de los poderes ejecutivos y legislativos, hasta llegar a Jeanine Áñez
El silencio de Chile
Llama la atención el silencio de Chile, que de esta manera erosiona la legitimidad con que enarbola la defensa de los DD.HH en conflictos situados lejos de nuestras fronteras.
Pareciera que los DD.HH de la ex presidenta de Bolivia no interesan, así como tampoco la de los presos políticos como el gobernador Luis Fernando Camacho de Santa Cruz, el dirigente Marcos Pumari y los casi 300 presos políticos de la administración de transición entre el gobierno de Morales y el de Luis Arce.
Por lo mismo, preocupa la indiferencia del gobierno ante la debilidad institucional de Bolivia, pues de ella deriva la inseguridad del norte chileno, el narcotráfico y la migración irregular desde ese país hacia el nuestro.
Prueba de ello es la cantidad de presos bolivianos en cárceles chilenas, ya que, de los aproximadamente 7 mil 300 reos extranjeros en cárceles chilenas, más de dos mil son bolivianos. En su mayoría, condenados por la ley de control de drogas, trata y tráfico de personas.
Para Chile es fundamental contar con una Bolivia estable, democrática y en crecimiento. Estos factores contribuyen a un fortalecimiento del Estado de Derecho y con ello a la estabilidad interna como a la capacidad de armonizar situaciones conflictivas externas.
Por el contrario, la inestabilidad política, el irrespeto de los derechos humanos y la pobreza son un aliciente para actividades delictivas transfronterizas.
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