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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Defensoría de la Niñez presentó una querella contra el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia debido a la agresión sufrida por un adolescente de 15 años en una residencia de la comuna de Santiago. El joven resultó gravemente herido por otro menor, recibiendo tres heridas en el torso con secuelas neuromotoras permanentes. La querella interpuesta por homicidio simple en grado frustrado señala que el hecho era previsible y evitable, destacando la falta de acciones legales y administrativas por parte de las autoridades del lugar. La organización alertó sobre vulneraciones de derechos en otras residencias administradas por la misma fundación.

Defensoría de la Niñez presentó este miércoles una querella contra el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) por la agresión de un adolescente de 15 años.

El hecho ocurrió el pasado 16 de octubre en la comuna de Santiago. El joven fue gravemente herido por otro menor de edad en una residencia administrada por la Fundación Chilena para la Discapacidad.

La querella interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía fue por delito de homicidio simple, en grado frustrado. El adolescente recibió tres heridas graves en el torso, y le ocasionaron secuelas neuromotoras permanentes.

La organización sustentó que el resultado era previsible y evitable. También indicó que las autoridades no ejercieron las acciones legales y administrativas correspondientes en su calidad de garantes.

La Defensoría de la Niñez señaló que a las autoridades se le advirtió de las graves vulneraciones de derechos en residencias administradas por la misma fundación.

A pesar de las alertas, sanciones y fiscalizaciones, los lugares siguen recibiendo a nuevos adolescentes. Algunas de las irregularidades son infraestructura peligrosa, malos tratos, omisión de denuncias, transgresiones sexuales y presencia de armas.

El órgano afirmó que busca imputar a los individuos responsables de proteger a los menores por no cumplir con su obligación al exponerlos a riesgos graves.