A la Corte de Apelaciones de Concepción llegó el caso por la condonación de deudas a la embotelladora Llacolén y por el cual la Fiscalía busca formalizar al alcalde de Coronel, Boris Chamorro. La tercera postergación de la audiencia hasta agosto fue impugnada, solicitándose al tribunal de alzada que la adelante.
El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) insistirán ante la Corte de Apelaciones de Concepción para adelantar la formalización del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, audiencia que se ha suspendido en tres ocasiones.
El 15 de junio pasado, considerando el accidente sufrido por la defensa del jefe comunal, el Juzgado de Garantía reagendó la audiencia para el 19 de agosto. Ante esa resolución, la Fiscalía y el Consejo de Defensa como querellante plantearon observaciones que no fueron acogidas por el tribunal.
De allí entonces la apelación que ahora llegó a la Corte penquista, calificando como una dilación innecesaria la postergación en dos meses de la formulación de cargos por fraude al Fisco contra el alcalde Chamorro, su exjefe jurídico y cuatro exconcejales.
Abogado imposibilitado de asistir a audiencia
El abogado Andrés Cruz, que representa al abogado Cristian Pinto, dijo que no procedía el recurso de apelación en estos casos. “Me parece inconducente, tomando en consideración que aquí no se pone término al procedimiento, simplemente se está suspendiendo una audiencia por circunstancias que están derivadas de la necesidad o fuerza mayor por la imposibilidad de un abogado a concurrir a la misma”.
Por eso espera que la apelación sea rechazada, considerando no solo el problema de salud de la defensa del alcalde, sino también la apretada agenda que tiene el Juzgado de Garantía.
“Ojalá que la Corte tome en consideración las necesidades del Juzgado de Garantía de Coronel, sin perjuicio de una cuestión de humanidad, tomando en cuenta que hay un ejercicio al derecho de defensa por un profesional, por un defensor que se encuentra imposibilitado de asistir a la audiencia, no porque no quiera, sino que tuvo un accidente acreditado que le impide concurrir”, reforzó Cruz.
El jefe comunal, el exdirector jurídico y los exediles serán imputados como responsables de haber condonado al margen de la ley los mil 200 millones de pesos que la embotelladora Llacolén adeudaba al municipio de Coronel por concepto de patente comercial el año 2020.