Penas que en total suman 25 años de cárcel está solicitando la Fiscalía para el imputado como líder de una red delictual detrás de la administración de cinco casinos ilegales en Concepción, región del Bío Bío.
El Ministerio Público, tras acreditar delitos que van desde la asociación ilícita al lavado de activos, decidió llevar el caso a juicio oral y por eso la acusación que incluye a otras nueve personas.
Son tres años desde el inicio de la investigación y dos desde el operativo que allanó una media docena de locales en el centro de Concepción, siendo incautadas 1.500 máquinas de juego y detenidas y formalizadas 19 personas.
De ese grupo, la Fiscalía decidió llevar a juicio por ahora a 10 imputados y por eso la acusación presentada por la fiscal Pamela Lillo, solicitando penas de 540 días, 3 y 5 años de cárcel, por los delitos de asociación delictual, casino y comercio ilegal, comercio clandestino y lavado de activos.
Las más altas penas apuntan a Marlo Alarcón Opazo, como cabecilla de una red que a través de una decena de sociedades movió entre 2020 y 2023 12.500 millones de pesos, de los cuales $4.300 millones fueron utilidades. Alarcón arriesga un total de 25 años de prisión.
La Municipalidad de Concepción destacó el avance de la causa, a través de la recopilación de pruebas para sancionar las conductas e ilícitos investigados, dijo el jefe jurídico de la corporación, Rodrigo Díaz.
“Valoramos enormemente el trabajo desarrollado por el Ministerio Público y las policías. Se trata de una causa de gran magnitud, iniciada de manera reservada por la Fiscalía. El cierre de esta investigación y su eventual paso a juicio oral demuestra que, a juicio de la fiscal a cargo, existen antecedentes, diligencias y medios de prueba relevantes en el proceso”, afirmó Díaz.
Además, agregó el abogado municipal, el juicio servirá para definir si las máquinas de estos casinos son o no de azar, centro de la discusión.
“Como Municipalidad, consideramos muy relevante que esta causa llegue a juicio oral, principalmente porque permitirá conocer el criterio que adoptará el tribunal respecto de la naturaleza de estas máquinas electrónicas, y determinar si los software utilizados constituyen efectivamente juegos de azar o de habilidad, cuestión jurídica y técnica que ha sido ampliamente discutida durante años”, aseveró.
Uno de los abogados defensores, Pablo Larredonda Alcayaga, expresó su confianza en obtener un veredicto absolutorio, asegurando que los tragamonedas incautados son de destreza, descartando que sólo por devolver dinero a quienes juegan, las máquinas puedan ser catalogadas como de azar.
“Usted no puede categorizar una máquina de azar por el hecho que le otorgue un premio. Estas no son las máquinas antiguas de de rodillo, máquinas que estaban sujetas a un sistema mecánico. Estas son máquinas de entretención, de juego electrónico. Nosotros no estamos obligados a probar que las máquinas son de habilidad o destreza, sino que estamos obligados a introducir la duda razonable respecto del carácter azaroso de esas máquinas. Entonces, si no hay máquinas de azar, no hay nada. No hay lavado, no hay comercio clandestino, no hay asociación ilícita, no hay nada. Y eso lo sabe el Ministerio Público”, expuso Larredonda.
La consultas a la fiscal Lillo fueron infructuosas, indicándose desde la Fiscalía Regional que la persecutora estaba en audiencias.
Finalmente, la preparación del juicio en este caso fue agendada por el Juzgado de Garantía de Concepción para el 22 de junio.
Enviando corrección, espere un momento...
