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Ante la Ley de Fraccionamiento Pesquero y la subasta de cuotas, Alimar alerta que su proyecto de la Planta de Congelados en Lota estaría en peligro y posiblemente inviable. Preparan demanda civil contra el Estado por un perjuicio estimado en 100 millones de dólares. La nueva normativa reduciría la cuota de captura de jurel en 20 mil toneladas, afectando la capacidad de producción de la planta.
Ante la Ley de Fraccionamiento Pesquero y el avance en la subasta de cuotas, desde pesquera Alimar advirtieron que el proyecto de la Planta de Congelados en Lota “correría peligro” y podría ser “inviable”.
A su vez, preparan la demanda civil en contra del Estado de Chile por el perjuicio que genera la normativa, cuyo monto bordearía los 100 millones de dólares.
Así lo señaló en conversación con La Radio el subgerente general de Alimentos Marinos S.A, Benjamín Izquierdo, advirtiendo que la construcción de la Planta de Congelados en Lota “correría peligro” a raíz de la Ley de Fraccionamiento Pesquero.
Esto, argumentando que cuando se diseñó el proyecto de la pesquera, si bien las expectativas de crecimiento fueron mejores a las proyectadas, con un incremento del 15% respecto al año pasado, consideran que con la nueva normativa, la cuota a capturar sería de 20 mil toneladas menos de jurel, versus la capacidad de producción estimada de la nueva planta de 30 mil toneladas.
A ello se suma la subasta en las cuotas de pesca, que forma parte de la reforma que se busca implementar en la Ley General de Pesca, donde se podría licitar hasta el 50% de las cuotas existentes en los recursos pesqueros, complementó el ejecutivo.
De ahí que este semestre sea clave para determinar si desde la compañía dan —o no— al proyecto en Lota, cuya inversión bordea los 18 millones de dólares y que daría alrededor de 150 cupos de empleo, el que fue aprobado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Cabe señalar que Alimar analiza el perjuicio económico que generaría el nuevo escenario normativo en términos de fraccionamiento pesquero, por ello evalúan demandar al Estado de Chile por un monto cercano a los 100 millones de dólares.
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