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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Contraloría detecta irregularidades en convenios entre universidades de Concepción y el Gobierno Regional del Bío Bío durante la gestión de Rodrigo Díaz. Se evidencia posible conflicto de interés en adjudicación de altos cargos del GORE en universidades. Funcionarios firmaron convenios pese a tener vínculos laborales con las casas de estudios. Actual gobernador Sergio Giacaman anuncia investigación y posibles medidas administrativas. Consejeros regionales piden fiscalización y restitución de recursos públicos.

Un extenso informe de Contraloría reveló que una gran cantidad de proyectos firmados entre universidades de Concepción y el Gobierno Regional del Bío Bío entre 2021 y 2024, bajo la administración de Rodrigo Díaz, aún no son regularizados y cerrados.

Además, en la gestión de estos mismos se evidenció un posible conflicto de interés por la participación en la adjudicación de altos cargos del GORE que se desempeñaban en las universidades.

En su informe, la Contraloría verificó que Sandra Ibáñez, cuando era jefa de División de Presupuesto, firmó autorizaciones, pese a que le asistía el deber de abstención, puesto que trabajaba en la Universidad de Concepción y en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, lo que configura un potencial conflicto de intereses.

Lo mismo se constató respecto del funcionario Rodrigo Martínez, quien en su rol de gobernador subrogante, firmó convenios de transferencia suscritos con la Universidad de Concepción y resoluciones exentas, pese a que debía abstenerse por su vínculo laboral con la casa de estudios.

Asimismo, el funcionario Iván Valenzuela, que también ejerció como gobernador subrogante, designó a las contrapartes técnicas del programa “Seguridad hídrica para la adaptación al cambio climático”, suscrito con la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Al igual que en los casos anteriores, el trabajador también tenía una relación laboral con esa universidad.

También se comprobó que la entonces jefa del Departamento de Finanzas del GORE en la administración Díaz, Mónica Muñoz Ramírez, firmó el 8 de julio de 2022 el comprobante de liquidación de fondos por $380.000.000 correspondiente al programa “Teleasistencia para personas mayores y cuidadores”, suscrito por la Universidad Santo Tomás, pese a que en 2021 prestó servicios a honorarios con la casa de estudios.

A ello se suma que la funcionaria Gloria Callupe Rain, entonces encargada de la Unidad de Pueblos Originarios de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, fue designada como contraparte técnica titular del programa “Diálogos interculturales para el buen vivir”, suscrito con la Universidad del Bío Bío, verificándose que prestó servicios a honorarios durante 2021 en esa universidad.

Sobre esta situación se refirió el actual gobernador del Bío Bío, Sergio Giacaman, aseverando que tomaron conocimiento de estas eventuales irregularidades en la auditoría externa que presentaron a mediados de 2025.

Junto con eso, afirmó que están a la espera de una investigación que justamente está abordando posibles incompatibilidades de funcionarios y, con base en eso, se determinarán las medidas administrativas a adoptar.

En tanto, el consejero regional Marcelo Rivera valoró el informe e indicó que es importante el rol de la unidad de control del Gobierno Regional.

Su par, Luis Santibáñez, señaló que deben llevar este tema a una sesión de fiscalización para evaluar la restitución de recursos públicos.

El GORE deberá regularizar el cierre administrativo y financiero de todos los convenios finalizados, concluir la revisión de aquellos con saldos pendientes y gestionar la restitución de los recursos derivados de gastos rechazados.

Revisa el informe completo aquí: