Junta de vecinos en Yumbel evalúa presentación de querella ante matanza de perros por envenenamiento

Desde la junta de vecinos “El Progreso” de Yumbel, en la región del Bío Bío, indicaron que están estudiando la posibilidad de presentar una querella criminal por la matanza de perros que se ha registrado en la comuna.

Recordemos que hace unos días atrás, el presidente de agrupación, Diego Avello, declaró a Radio Bío Bío que fueron al menos 13 canes los envenenados en la zona; todos ellos con dueños (no abandonados).

De igual manera, Avello subrayó que aunque se hubiese tratado de perros callejeros, nadie tendría que haberlos matado a voluntad.

Vecinos de Yumbel evalúan presentar querella por matanza de perros

Por tales antecedentes, el dirigente vecinal aseguró que están en conversaciones con la Municipalidad para poder presentar la acción judicial precisada, y dar así con los responsables de esta matanza.

“Para nosotros es importante que se siga trabajando en la investigación de lo que pasó respecto a las mascotas que fueron envenenadas en nuestra población Diego Portales y la población Nuevo Amanecer“, señaló el vecino del sector.

“Se han dejado antecedentes en el municipio, y ellos se van a sumar prontamente a una querella. Eso es lo que se le ha informado tanto a la agrupación animalista como a la junta de vecinos”, añadió Avello.

Cabe destacar que desde la Fundación Patitas de Los Ángeles -la asesora legal del proceso-, se precisó que el rol de los municipios frente al maltrato animal en espacios públicos está vinculado a la tenencia responsable y a la fiscalización administrativa.

La Ley 21.020, conocida como Ley Cholito, les otorga la obligación de llevar registros de mascotas, coordinar programas de esterilización, educación y control sanitario, e incluso dictar ordenanzas que regulen la convivencia entre personas y animales.

Desde la Fundación Patitas explicaron que si una Municipalidad detecta un caso de maltrato animal en la vía pública, si bien no tiene facultades para investigar penalmente, debe denunciar los hechos a Fiscalía, y puede coordinar la derivación del animal a programas municipales de cuidado, rescate o esterilización, según corresponda.