VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Municipio de Penco se incorporó al proceso judicial contra el Terminal GNL en Valdivia, buscando anular la Resolución Ambiental del proyecto. Actuando como tercero independiente, argumentó riesgos para la salud y deficiencias en la información ambiental, cuestionando decisiones superiores. El alcalde, Rodrigo Vera, pidió coherencia al gobierno, mientras la ONG Defensa Ambiental también participa en el caso.

El Municipio de Penco —en la región del Bío Bíose hizo parte del proceso judicial contra el proyecto Terminal GNL ante el Tribunal Ambiental de Valdivia.

Con esto, la casa edilicia interviene formalmente como tercero independiente en la causa que busca anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Terminal GNL Penco-Lirquén.

Con lo anterior, busca garantizar la protección del territorio y de los derechos de la comunidad local, actuando con un rol dual: como órgano con competencias ambientales y como representante de la participación ciudadana.

Durante la audiencia, la casa edilicia presentó argumentos jurídicos y técnicos sobre irreparables daños que podrían derivarse del proyecto, enfatizando los riesgos para la salud de la población, las deficiencias en la información ambiental recopilada, y cuestionando las decisiones adoptadas por instancias superiores.

Rodrigo Vera, alcalde de Penco, se refirió al proyecto y pidió coherencia por parte del gobierno.

En esta causa también participa la ONG Defensa Ambiental, con quien el municipio mantiene una alianza. El abogado de dicha entidad, Francisco Astorga, explicó que en la audiencia reclamaron con la RCA del proyecto GNL Penco Lirquén.

En su intervención, además, la Municipalidad aludió al interés público y comunal en el proyecto, deficiencias técnicas y supuestos errores en la evaluación ambiental, omisiones en la consulta indígena y afectación a especies vulnerables del ecosistema.

La causa continuará en tramitación ante el Tercer Tribunal Ambiental, cuya sentencia podría tardar varios meses.