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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Conflicto entre funcionario de Secplan y concesionaria de corralón de Los Ángeles involucra querella por delitos de corrupción, cohecho y tráfico de influencia. Funcionario denunció a empresa por daños a auto de su hijo, desatando investigación. Concesionaria acusa amenazas de uso de cargo por parte del funcionario para obtener dinero. Abogados presentan pruebas a Fiscalía, incluyendo testigos y correos. Funcionario niega acusaciones, asegura no influirá en investigación.

El conflicto entre un funcionario de Secplan y la concesionaria que administra el corralón de la corporación edilicia, tiene en el medio a la Municipalidad de Los Ángeles. A través de una querella, la empresa denunció al trabajador de una serie de delitos, algunos de corrupción, al supuestamente usar su cargo para el inicio de un sumario contra la empresa.

El conflicto lo protagoniza, por un lado, la concesionaria Centro de Custodia de Vehículos Infractores, y en la vereda del frente está Rodrigo Ríos, funcionario de la Secplan, quien tras una denuncia como particular llevó a su empleador -la Municipalidad de Los Ángeles- a abrir una investigación contra la empresa responsable del corralón.

Todo se desprende de una causa en la Fiscalía por el delito de ocultamiento de placa patente, a través de la cual el vehículo de Andrés Ríos, hijo del empleado municipal, fue enviado al Centro de Custodia. El automóvil se mantuvo en ese lugar entre el 24 de diciembre de 2024 y el 13 de febrero pasado, cuando su dueño lo retiró sin hacer ningún reclamo.

Sin embargo, 11 días después, el hijo y su padre regresaron al corralón para denunciar que el auto tenía daños por 700 mil pesos, asegurando la concesionaria que Rodrigo Ríos los amenazó con usar su cargo contra la empresa si no pagaba el dinero, y de allí la querella y la investigación del Ministerio Público, según explicó el abogado Jonathan Olave.

Se denuncia desde delitos de corrupción por cohecho y tráfico de influencia, hasta la negociación incompatible y amenazas. Como prueba, agregó el abogado de la concesionaria, se entregó a la Fiscalía el nombre de testigos de las amenazas y además copia de un correo electrónico del inspector de concesiones, en el cual se citaba a la empresa a una reunión en el municipio.

El abogado del funcionario municipal y su hijo, Pablo Galarce, descartó los hechos denunciados, señalando que si bien la investigación a la empresa concesionaria se inició efectivamente por la denuncia de sus representados, Rodrigo Ríos no tiene injerencia en el resultado que tendrá la investigación abierta.

La investigación está actualmente en pleno desarrollo. No obstante las consultas, hasta ahora no existe una versión de la Municipalidad de Los Ángeles.