Por abusar sexualmente de una funcionaria, la justicia sentenció a 4 años de libertad vigilada al director de la DAS de Penco, Rafael González Tapia. La víctima espera que la Municipalidad destituya a su jefe y apuntó a que este tipo de hechos es común en el ámbito público: "Queremos un cambio, más valor a nuestro trabajo y no a nuestros cuerpos".

Una pena de cuatro años de libertad vigilada deberá cumplir el director de la Dirección de Administración de Salud (DAS) de Penco, región del Bío Bío, tras abusar sexualmente de una funcionaria de la repartición.

La víctima espera que ahora la municipalidad decrete la destitución de su jefe y así poder retomar su trabajo sin miedo ni temor.

En concreto, fue la semana pasada cuando el Tribunal Oral de Concepción, tras concluir las audiencias del juicio que había comenzado en diciembre, emitió el veredicto condenatorio contra el director de Salud de la Municipalidad de Penco, Rafael González Tapia.

Este martes el juzgado, a través del magistrado Rogelio Inostroza, entregó la sentencia con la pena decretada. Esta llega a los cuatro años de cárcel, aunque con la posibilidad de ser cumplida en libertad.

Además, dijo el abogado de la víctima, Jorge Garrido, se suma la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos, lo que satisface -subrayó- las pretensiones de justicia que tenían como querellantes.

Víctima de director de la DAS en Penco: “Queremos más valor a nuestro trabajo y no a nuestros cuerpos”

Si bien en el juicio no intervino el Ministerio Público, fueron las mismas pruebas recopiladas por la fiscalía las que convencieron a los jueces sobre el episodio ocurrido en junio de 2020, cuando, en dependencias municipales, el director de la DAS atacó a la funcionaria.

La víctima ahora espera que el agresor sea despedido y así poder retomar sin miedo el trabajo. “El acoso sexual y/o laboral es muy común en este ambiente público (…) las mujeres en Penco queremos un cambio, más valor a nuestro trabajo y no a nuestros cuerpos”, sostuvo.

Se trata de la segunda causa en seis meses, ambas por delitos sexuales, que la Fiscalía de Concepción decide no llevar a juicio, obteniendo condenas los abogados de las víctimas a través de acusaciones particulares.