Este jueves comenzó el juicio contra Leonardo Medina Caamaño, infante de Marina investigado por la muerte de un manifestante en Talcahuano en octubre de 2019. La Fiscalía pide 12 años de cárcel para el uniformado por el delito de homicidio. El proceso, llevado a cabo en el Tribunal Oral de Concepción, podría extenderse durante cuatro semanas antes de conocerse el veredicto.

Este jueves, comenzó el juicio en contra del funcionario de la Armada acusado por el homicidio de un manifestante en Talcahuano, en octubre de 2019. La Fiscalía explicitó en los alegatos de apertura que se está frente a una violación de Derechos Humanos y pidió 12 años de cárcel para el uniformado.

Tras dos años de investigación, se dio inicio al procedimiento en el que el único imputado es un infante de Marina, Leonardo Medina Caamaño, a quien el Ministerio Público responsabiliza por la muerte del joven Manuel Rebolledo Navarrete.

Ante el Tribunal Oral de Concepción, el fiscal Julián Muñoz dio cuenta de los antecedentes en este caso, sobre el fatal atropello de la víctima por parte de un camión de la Armada que manejaba el uniformado y que ocurrió el 21 de octubre de 2019, en medio del denominado estallido social.

En sus alegatos de apertura, el persecutor sostuvo que se está frente a una violación de Derechos Humanos, a partir del ajusticiamiento por parte de un agente del Estado, quien habría sospechado que Rebolledo Navarrete participaba de los saqueos a una pesquera.

El fiscal agregó que entregará un cúmulo de prueba testimonial, pericial y documental para probar el homicidio por el que acusó a Leonardo Medina

La abogada del INDH, Carolina Alvear, subrayó que en los videos que da cuenta de un aumento de velocidad de la patrulla al momento de seguir a la víctima.

Al respecto, la defensa del infante de Marina, a cargo del abogado Pelayo Vial, fue categórico en descartar ese antecedente como clave para imputar a su cliente por una supuesta conducta dolosa, explicando que el aumento de velocidad tiene otra explicación.

El juicio, que se extendería durante cuatro semanas antes de determinar la culpabilidad o inocencia del marino, está siendo seguido de cerca por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de la agrupación Human Rights Watch, según dio cuenta el juez presidente Selin Figueroa, al informar que representantes de esos organismos pidieron acceso a las audiencias a través de la plataforma Zoom.