La destitución del Poder Judicial arriesga la jueza de Familia de Tomé, Gabriela Varela, quien ha sido blanco de cuatro investigaciones desde el año pasado, una de las cuales involucró amenazas y presiones contra menores para que ratificaran denuncias por maltratos contra sus padres.
Entre las medidas disciplinarias propuestas por la fiscal judicial Silvia Mutizábal, y la ministra María Leonor Sanhueza están la suspensión del cargo por un mes y censuras por escrito, las que podrían dejar a la magistrada en la lista de calificación deficiente, lo que se traduciría en su remoción inmediata.
Así lo establece el Código Orgánico de Tribunal, que en su artículo 278 señala que quien “hubiese sido objeto de tres o más medidas disciplinarias o de dos o más, una de ellas suspensión de funciones, quedará calificado en lista Deficiente…, quedando removido de su cargo por el solo ministerio de la ley”.
El pleno del tribunal de alzada penquista, tras revisar los antecedentes y escuchar los descargos realizados por Gabriela Varela a través de su abogado, dejó para el próximo lunes el pronunciamiento, aunque cualquiera sea la decisión, la última palabra sobre la cuestionada magistrada la tendrá la Corte Suprema.
