La justicia validó la aplicación de la Ley Aula Segura, al rechazar un recurso de protección respecto de la expulsión de cuatro alumnos del Liceo Enrique Molina a quienes se sancionó por la agresión a una profesora y a una asistente de la educación.
En ese sentido, la Municipalidad de Concepción emplazó a que tras la sentencia se reubique en un establecimiento al único joven que aún se mantiene sin clases.
Tras dos meses desde la presentación de la acción legal, la Corte de Apelaciones penquista finalmente se pronunció y descartó que se haya infringido el debido proceso o que la aplicación del proceso disciplinario haya sido ilegal y arbitrario.
Si bien inicialmente fueron cuatro alumnos los que recurrieron de protección, finalmente fue un solo estudiante el que siguió adelante con la denuncia y respecto de él es quien se pronunció la justicia.
La abogada Paula Rojas, quien representó a una de las funcionarias del Liceo Enrique Molina agredidas, explicó que se trata de una sentencia relevante por la gravedad de los hechos sancionados por el establecimiento y la DAEM de Concepción.
Desde la Seremi de Educación, su titular Fernando Peña se manifestó conforme por la resolución porque dijo se da la razón al personal agredido.
Linda Aqueveque, tras analizar el fallo con su abogado, cuestionó el peso del tribunal de alzada, por lo que adelantó acudirán a la Corte Suprema a través de una apelación.
Mientras los otros tres jóvenes decidieron acatar la sanción, el alumno que siguió adelante con el recurso se mantiene aún sin clases.
En ese sentido, desde la Municipalidad de Concepción, Humberto Toro, asesor del alcalde, llamó a que ahora con la resolución la Seremi de Educación reubique al estudiante.
Aqueveque, sin embargo, adelantó que esperarán al fallo del máximo tribunal, insistiendo en que la aplicación de la normativa Aula Segura fue ilegal y además porque el interés es que su hijo termine su cuarto medio en el Liceo Enrique Molina.
