Durante la mañana de este viernes, la Corte de Apelaciones de Concepción revocó el sobreseimiento del caso que indagaba la muerte de Antonia Garros.

La segunda parte de la resolución leída en la corte penquista, da cuenta que la solicitud por la parte querellante -asociadada a que se abriera nuevamente la investigación- indicó que habían diligencias que aún no se han consumado.

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Fue el 12 de enero pasado cuando el Juzgado de Garantía de Chiguayante determinó el sobreseimiento del caso, al considerar que la muerte de la joven -tras caer desde el piso 13 de un edificio de Chiguayante en febrero del 2017- se debió a una suicidio y por lo tanto, no atribuible a terceras personas.

Para el abogado de la familia de Antonia, Andrés Cruz, la revocación del sobreseimiento, más allá de la inadmisibilidad de retomar los flancos en la investigación presentados en los alegatos, sustenta las dudas respecto a lo que ocurrió en el departamento de Andrés Larraín el día de la muerte de la joven.

Para Cruz, ahora la palabra la tiene la Fiscalía, organismo del que espera adopte el criterio en favor de la víctima y realice las diligencias pendientes a fin de despejar todas las dudas; aunque también el Ministerio Público podría no perseverar, lo que de todas formas deja abierta la posibilidad de incluir antecedentes.

Desde la defensa de Andrés Larraín, su abogado Mario Rojas, indicó que las “pequeñas dudas” son necesarias que se despejen

Siguiendo en esa línea, Rojas sostuvo que si el Ministerio Público decide perserverar en despejar las dudas y decretar nuevas diligencias esto “estará bien”, ya que -a su parecer- en ambos escenarios se dejará de manifiesto la inocencia de Larraín.

Si bien, se declaró inadmisible la reapertura de la investigación solicitada por la familia de Garros, en la parte querellante advierten que esta resolución es un “espaldarazo” a la tesis de que hay un delito en la muerte de la joven.