El Juzgado de Garantía de Arauco prohibió a Gendarmería presionar a las funcionarias y funcionarios investigados en el caso de Lorenza Cayuhán para que declaren en el sumario administrativo, debiendo respetar su derecho a guardar silencio.

La resolución fue dictada al acoger una denuncia presentada por los gendarmes, argumentando sus abogados que si se obligaba el interrogatorio en la investigación interna, los antecedentes podrían llegar finalmente al Ministerio Público, donde ya se invocó el respeto del debido proceso.

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El tribunal estimó que si los funcionarios y funcionarias penitenciarias habían optado por guardar silencio en la causa penal, lo mismo debía regir en el sumario administrativo y de allí la instrucción a Gendarmería.

Un grupo de gendarmes es imputado en ambas instancias, lo anterior como presuntos responsables de haber permitido la cesárea de la mujer condenada por robo con violencia con sus pies engrillados, lo que vulneraría protocolos de la institución y también configuraría el delito de torturas.