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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso rechazó la solicitud de la defensa de la senadora Camila Flores (RN) para limitar el acceso de la Fiscalía a sus dispositivos electrónicos incautados en una investigación por presunto fraude al fisco, incluyendo equipos de su oficina y domicilio. La resolución destacó que no había motivos para adoptar las medidas pedidas. En el caso "Cuota Flores" se investiga la presunta exigencia a asesores de entregar parte de sus salarios públicos, y su relación en la reforma notarial.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso rechazó la solicitud presentada por la defensa de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores (RN), para limitar el acceso de la Fiscalía a los dispositivos electrónicos incautados en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco.

La medida afecta tanto a los equipos requisados en su oficina del Congreso como a los obtenidos en su domicilio particular, por lo que el Ministerio Público podrá continuar revisando esos antecedentes como parte de las diligencias investigativas.

De esta manera, la resolución concluyó que no concurrían los presupuestos necesarios para adoptar las medidas solicitadas por la defensa.

Luis Mariano Rendón, abogado querellante en la causa, informó que se rechazaron dos solicitudes presentadas por el abogado Samuel Donoso, en representación de la senadora Camila Flores. Según dijo, en una de ellas buscaban excluirlo como querellante.

Pese a que Radio Bío Bío contactó al equipo legal de la senadora Flores, estos declinaron referirse al respecto.

“Cuota Flores”

En el caso, conocido públicamente como la investigación de la “Cuota Flores”, se indaga una eventual exigencia a asesores de la entonces diputada y actual senadora de entregar parte de sus remuneraciones financiadas con recursos públicos.

Además, la Fiscalía Regional de Valparaíso indaga su participación en la tramitación de la reforma al sistema notarial y registral, tras antecedentes sobre una presunta relación con el presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett.

Respecto a lo anterior, Andrés Cruz, académico de la UdeC y exfiscal, señaló que los delitos asociados pueden ir desde un posible cohecho o incluso tráfico de influencias.

El expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, apuntó a que, pese a tratarse de una investigación por delito económico, si la Fiscalía pone el pie en el acelerador, podría solicitarse de forma diligente el desafuero de la parlamentaria.

Durante la misma audiencia, el tribunal declaró admisible la querella presentada por Ymay Ortiz Pulgar por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. En tanto, Ortiz Pulgar y Luis Rendón podrán seguir interviniendo en la causa que investiga presuntos delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos.