Caso "cuota Flores": Fiscalía pide al Congreso documentación de proyecto que modificó sistema notarial

La Fiscalía Regional de Valparaíso solicitó al Congreso la documentación relacionada con el proyecto que modificó el sistema notarial y registral en el que participó la entonces diputada y ahora senadora Camila Flores (RN). Esto ocurre en el marco de la investigación de la “Cuota Flores” por presunto fraude al fisco que involucra a la parlamentaria por la región de Valparaíso.

Las diligencias surgen en medio de cuestionamientos por su presunta vinculación con el presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett.

La causa que lleva a cabo el Ministerio Público tiene varias líneas investigativas. La primera es por la presunta cuota que debían pagar de su sueldo los asesores de la parlamentaria, lo que se habría cobrado mediante dinero en efectivo desde 2018.

Presunto vínculo de senadora con Carlos Swett

En ese contexto, el exasesor de la entonces diputada, Julio Lillo, declaró haber visto al conservador de bienes raíces de Concón, Carlos Swett, entregándole un sobre a la entonces diputada fuera de su domicilio durante el segundo semestre de 2025, en medio de la tramitación de la reforma al sistema notarial.

De acuerdo a La Segunda, el Ministerio Público tiene puesto el foco en la participación de la senadora en la aprobación de la ley en julio de 2025. Por lo mismo, la Fiscalía revisará las votaciones de la entonces parlamentaria y su participación en la Comisión Mixta.

En esta última, Camila Flores participó de la redacción de un acápite —un apartado— que especificaba los atributos que debían contemplarse para elegir fedatarios, por ejemplo, notarios.

El diputado comunista, Luis Cuello, hizo un llamado a que el Ministerio Público continúe con su trabajo para determinar la comisión de alguna conducta ilícita.

Por su parte, Samuel Donoso, abogado de la senadora, aseguró que gran parte de las normas aprobadas por la entonces diputada no beneficiaban a los notarios.

Otro antecedente relevante es la admisión a trámite de una querella criminal que presentó Julio Lillo contra la parlamentaria, la cual detalla cómo la misma habría maquinado una fórmula para obtener una parte de la remuneración que el Congreso —con fondos públicos— le pagaba a su personal de apoyo.

Según la acción judicial, los descuentos comenzaron desde el primer sueldo que recibió el relacionador público.