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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El municipio de Putaendo apelará ante la Corte Suprema tras el fallo del Tribunal Ambiental que autorizó los sondajes del proyecto minero Vizcachitas en la región de Valparaíso. La iniciativa, con 350 sondajes en la cuenca del río Rocín, enfrenta críticas por posibles daños a los ecosistemas de montaña y al acceso al agua. A pesar de la oposición de autoridades y comunidades, el tribunal rechazó el recurso municipal, permitiendo que la empresa Vizcachitas Holding, de origen canadiense, continúe con el proyecto. Destaca la controversia por la falta de reconocimiento oficial del gato andino, especie en peligro de extinción, presente en la zona.

El municipio de Putaendo anunció que apelará ante la Corte Suprema al fallo del Tribunal Ambiental, que rechazó su recurso y dio luz verde a los sondajes del proyecto minero Vizcachitas, en la región de Valparaíso.

La iniciativa, aprobada en 2021, contempla 350 sondajes en la cuenca del río Rocín, por lo que autoridades y comunidades acusan serias amenazas a los ecosistemas de montaña y al acceso al agua.

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó el recurso interpuesto por la Municipalidad de Putaendo contra la aprobación del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”.

Esta resolución permite avanzar con la iniciativa de Vizcachitas Holding, de capitales canadienses. El proyecto contempla 350 sondajes en la cuenca del río Rocín.

Ante el fallo, el alcalde Mauricio Quiroz anunció que el municipio ejercerá su derecho a apelar ante la Corte Suprema y se presentarán todos los recursos necesarios para revertir la resolución. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, reforzó.

Uno de los puntos más controvertidos es la falta de reconocimiento oficial del gato andino, especie en peligro de extinción. Estudios y registros confirmaría su presencia en la zona intervenida. De hecho, organizaciones sociales han denunciado omisiones en la evaluación ambiental del proyecto.

En esta línea, María Francisca Bello, diputada frenteamplista, rechazó el fallo y recalcó la necesidad de declarar la zona Santuario de la Naturaleza.

Por su parte, Camila Flores, parlamentaria de Renovación Nacional, también cuestionó el impacto del proyecto en la flora y fauna local; aunque reconoció su potencial para generar empleo.

El proyecto fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 2019 y aprobado mediante una Declaración de Impacto Ambiental. El tribunal consideró que no era necesario un Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, las comunidades insisten en que el proceso vulneró los principios ambientales básicos.