Disputa legal por impugnación de un consorcio podría retrasar licitación de tren Valparaíso-Santiago

La licitación de los estudios para el tren Valparaíso–Santiago enfrenta una compleja disputa legal que podría retrasar su avance, debido a la impugnación de un consorcio y una objeción de Contraloría.

Hay que recordar que en mayo, la Dirección General de Concesiones adjudicó el contrato al Consorcio WSP-Ineco, mientras que el grupo Consultrans-Pini-Sustentable, que presentó una oferta menor, impugnó la decisión por presuntas irregularidades técnicas.

Especialistas indicaron que este tipo de disputas son habituales en procesos públicos, sobre todo cuando los competidores han invertido tiempo y recursos en estudios y análisis previos.

Disputa legal podría retrasar licitación de tren Valparaíso-Santiago

Los profesionales agregaron que los errores administrativos menores pueden afectar también la adjudicación. Así lo señaló a Radio Bío Bío, Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Además, añadió que la jurisprudencia y los estamentos regulatorios del país ayudan a resolver estos conflictos, pero la cautela del Ministerio de Obras Públicas al adjudicar la licitación es clave para proteger la calidad del servicio.

Al respecto, Camila Flores, diputada de Renovación Nacional (RN), criticó esta situación por reflejar una “grave falta de gestión” por parte del Ejecutivo, la que pone en riesgo una obra clave para la región.

Por otro lado, el senador socialista, Tomás de Rementería, enfatizó que el conflicto debe resolverse con celeridad para no retrasar un proyecto de interés público para la zona.

El Consejo de Defensa del Estado recomendó rechazar la demanda, pero la Contraloría objetó la adjudicación por la omisión de un formulario clave, lo que llevó a WSP-Ineco a presentar una demanda contra la Contraloría por exceder sus atribuciones.

El Tribunal de Contratación Pública se declaró incompetente, y ahora el caso será revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Mientras tanto, los expertos insisten en que el proceso debe garantizar el cumplimiento de las bases y la protección de la calidad del proyecto, manteniendo la mirada en los intereses de los competidores y del Estado.