El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, participó de la Comisión de Cultura a fin de poder aportar información respecto al conflicto que se vive en Rapa Nui con la comunidad Ma’u Henua, donde señaló que el poder ejecutivo no puede pasar por encima de los tribunales de justicia.

La instancia también contó con el director subrogante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Fernando Saenz.

Ante la situación que se vive con la agrupación que administra el Parque Nacional Rapa Nui, varias criticas salieron en contra de cómo se ha abordado el conflicto. Por lo que desde la Intendencia, Matínez señaló que hay que esperar que los tribunales de justicia actúen, indicando que el Gobierno no puede intervenir en este proceso.

“Nosotros como poder ejecutivo no podemos pasar por encima ni siquiera influir u opinar en la sentencia de los tribunales de justicia”, declaró la autoridad.

Por su parte, el diputado Andres Celis, acusó que la Conadi no intermedió para acercar a las partes, por lo que faltó a su rol conciliador, agregando que es necesario que se nombre prontamente un nuevo directorio y que se designe un fiscal especial que investigue los fondos no justificados en la administración de Camilo Rapu.

“La Conadi podría haber advertido para llegar a un acuerdo, lamentablemente no actuó como un ente conciliador, la administración y la concesión del Parque Isla de Pascua debe ser rápidamente determinada y a la vez entregar todos los antecedentes a la justicia”, manifestó.

En tanto, Fernando Saenz dijo que como corporación viajaron a Rapa Nui con el objetivo de intermediar en el conflicto, y participando de varias reuniones con las partes involucradas.

“Hemos trabajo todo este tiempo en esa situación, incluso nosotros viajamos con el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social la semana pasada a la isla y participamos de distintas reuniones”, expresó.

El conflicto se genera luego de un proceso eleccionario, en donde se votó a favor de una nueva administración representada por Nancy Rivera, que fue elegida con 350 votos a favor de un universo de 700 votantes.

Sin embargo, el Tribunal Electoral Regional cuestionó el quórum de la votación, indicando que el proceso de veto, no alcanzó el tercio de asistentes de la agrupación estipulados en sus propios estatutos.