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La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI investiga una denuncia por vulneración de derechos en una residencia protegida en Puerto Montt, región de Los Lagos, supervisada por el Servicio de Salud del Reloncaví. Este último se querelló contra un trabajador de la empresa que atiende a usuarios con graves patologías de salud mental. La acción reveló graves vulneraciones de derechos, posiblemente relacionadas con un delito sexual, en un espacio de protección para personas con condiciones de salud mental que no cuentan con red de apoyo ni habilidades básicas. El Servicio de Salud tomó medidas, interponiendo denuncias y querellas, solicitando la separación del presunto responsable y brindando atención psicológica a los afectados. Mientras que el Servicio de Salud se abstiene de dar detalles para no entorpecer la investigación.
La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, indaga una denuncia por vulneración de derechos en una residencia protegida en Puerto Montt, región de Los Lagos.
El recinto es supervisado por el Servicio de Salud del Reloncaví, desde donde se querellaron contra un trabajador de la empresa que atiende a usuarios con graves patologías de salud mental.
Por lo que, la delicada situación fue denunciada ante Carabineros y la Fiscalía, detallándose en la acción, que en medio de un operativo realizado por profesionales de salud mental, se pudieron advertir graves vulneraciones de derechos, las que podrían tener relación con un delito sexual.
Cabe mencionar que, los hechos de los que se dio cuenta ocurrieron en una Residencia Protegida, que es un sistema de protección para personas que padecen graves condiciones de salud mental.
Lo anterior, ya que no cuentan con una red de apoyo, ni habilidades básicas para ser independientes, por lo que terminan en espacios -regularmente una casa-, en la que reciben la atención necesaria para su bienestar, junto a otros usuarios.
Ante ello, Jaime Jiménez, director subrogante del Servicio de Salud del Reloncaví, comentó con Radio Bío Bío, un comunicado en el que se detallan las acciones que siguió el organismo.
Asimismo, el directivo señaló que se interpusieron denuncias y se querellaron contra el presunto responsable, sumando que, con el propósito de resguardar la integridad de las personas afectadas, se solicitó la separación de funciones del presunto inculpado.
Además, se determinó que un equipo multidisciplinario del Servicio de Salud del Reloncaví realice atención y contención psicológica a las personas residentes afectadas por la vulneración de derechos que se ha denunciado.
Desde la Fiscalía, no se refirieron al tema argumentando que hay diligencias en curso.
En tanto, la PDI se limitó a confirmar que la Brigada de Investigación de Delitos Sexuales y Menores, realiza diligencias en torno al caso.
Mientras que desde el Servicio de Salud del Reloncaví, más allá de las declaraciones que se comentaron, no contestaron preguntas como, por ejemplo, el nombre de la empresa que ejecuta las acciones en la Residencia Protegida, la edad o género de las víctimas, ni si existe alguna vía por la cual comunicarse con los encargados del recinto a fin de conocer su versión de los hechos, argumentando que se puede entorpecer la investigación.
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