Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Susan Alarcón Rubilar, exfuncionaria del Gobierno Regional, salió del Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco tras pagar una fianza de 10 millones de pesos por el caso Manicure, acusada de fraude al fisco y cohecho con penas de hasta 22 años de presidio. Bajo arresto domiciliario total, con prohibición de salir del país y de comunicarse con coimputados, Alarcón estuvo prófuga un año antes de ser detenida por la Policía de Investigaciones.
Luego de pagar una fianza de 10 millones de pesos establecida por la justicia, la exfuncionaria del Gobierno Regional, Susan Alarcón Rubilar, abandonó el Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco, donde permaneció varios meses con la cautelar de prisión preventiva.
La exfuncionaria es imputada en la arista Manicure del caso Fundaciones por los delitos de fraude al fisco y cohecho, donde el Ministerio Público está solicitando penas que suman 22 años de presidio. También está formalizada en la arista Fundación Local.
El fiscal Carlos Cornejo, quien indaga el caso Fundaciones en la región, indicó que Alarcón quedó con arresto domiciliario total, prohibición de salir del país y de comunicarse con coimputados.
Un antecedente importante es que Susan Alarcón Rubilar estuvo prófuga de la justicia hace exactamente un año, en febrero de 2025, luego que se le revocara la cautelar de prisión preventiva, siendo detenida varias semanas después tras diversas diligencias realizadas por el personal de la Policía de Investigaciones. Ese accionar le significó posteriormente que le negaran un cambio de cautelar.
En la arista Manicure, el Ministerio Público indaga el destino de 730 millones de pesos traspasados desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc, para realizar cursos para mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, los que jamás se realizaron.
Con la decisión del tribunal, en dicha arista no hay personas en prisión preventiva, solo acusados con cautelares alternativas a la cárcel.
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