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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría detectó un posible conflicto de interés del alcalde de Temuco, Roberto Neira, por aprobar tratos directos con la empresa de un donante de su campaña de 2021. Los contratos fueron con la empresa de Mauricio Vergara, quien aportó $7 millones. Neira defendió la legalidad de los tratos.

La Contraloría detectó un posible conflicto de interés del alcalde de Temuco, Roberto Neira, tras aprobar tratos directos para la empresa de una persona que habría aportado $7 millones para su campaña de 2021.

Los tratos directos se firmaron con la Sociedad de Servicios e Inversiones Varco, propiedad de Mauricio Vergara, quien, según la Contraloría y los registros de Servel, aportó el dinero.

Se trata de contratos suscritos entre 2023 y 2024: tres por poco más de 5 millones de pesos y otro por un monto superior a los $260 millones, aunque este último no se concretó.

La Contraloría señala que el alcalde de Temuco, independiente y ex PPD, podría haber vulnerado “el principio de probidad administrativa por faltar al deber de abstención” que se exige en procesos donde pueda existir un posible conflicto de interés.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, aseveró que todo se realizó conforme a la normativa y aseguró que él efectuó el depósito bancario para su campaña, por lo que presentó un “reconsiderando” al organismo.

Neira aseguró que en 2021 se pidió a Servel cambiar el aporte para que quedara como propio, lo que solo ocurrió en el reporte semanal, ya que en el portal sigue a nombre del empresario.

Mauricio Vergara es conocido por haber integrado la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches de La Araucanía (Amcam), siendo una de las personas que habría acompañado a Héctor Llaitul en un encuentro que sostuvo con el alcalde de Temuco.

El jefe comunal explicó que el dueño de la empresa Varco lo apoyó en su primera campaña, afirmando que ahora no tienen ningún tipo de relación.

Con todo, la Contraloría decidió iniciar un proceso disciplinario en contra del jefe comunal. Además, los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público, ya que podría tener relación con la causa donde se investigan delitos de fraude al fisco y lavado de activos, entre otros.