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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El juicio oral contra cinco acusados, incluido el hijo del líder de la CAM, por un atentado en el fundo San Luis de Lautaro se posterga hasta mayo del 2026. La defensa solicitó el aplazamiento debido a la licencia médica del abogado de uno de los acusados. La causa involucra delitos como robo, incendio y porte de armas, con penas solicitadas que van de 59 a 71 años de cárcel.

No antes de mayo del 2026 se podría desarrollar el juicio oral en contra de cinco acusados —entre ellos un hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— por diversos delitos derivados de un atentado perpetrado en 2022 en el fundo San Luis de Lautaro, en la región de La Araucanía.

Preliminarmente, la audiencia de juicio oral estaba agendada para el 24 de noviembre de este año. Sin embargo, la decisión de postergar la instancia fue asumida por el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco.

Lo anterior, tras acoger la petición de la defensa de uno de los acusados, cuyo abogado —de la Defensoría Penal Pública Mapuche— sufrió un accidente que lo mantiene con licencia médica.

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Así lo detalló el también abogado de la misma unidad, Juan Gallardo, quien comentó que se trata de “una licencia médica que afecta al profesional que defiende directamente a don Luis Menares (…) esto, considerando la estrecha relación de confianza que existe entre el acusado y su defensor, lo cual garantiza una adecuada defensa técnica”.

La agenda del tribunal, impide, al momento, agendar la audiencia citada antes del mes de mayo del año 2026. En la etapa de preparación del juicio oral, la audiencia respectiva fue postergada en al menos cinco oportunidades por diversas razones.

En esta causa están acusados Pelentaro Llaitul Pezoa, Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez, por diversos delitos cometidos en un atentado perpetrado el 22 de noviembre del 2022, en el Fundo San Luis de Lautaro.

Entre ellos: robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones. La Fiscalía en su acusación pide penas que van desde los 59 a los 71 años de presidio.