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El desaforado diputado Mauricio Ojeda declarará mañana ante el Tribunal de Garantía de Temuco por la arista Manicure del caso Convenios en La Araucanía, donde se investiga el destino de $740 millones del Gobierno Regional a Fundaciones Folab y Educc. Se le acusa de influir en la adjudicación de proyectos y facilitar fondos para mantener la solvencia de una de las fundaciones. Su abogado confirmó su declaración y cuestionó la falta de representación legal en declaraciones anteriores.
Mañana jueves, ante el Tribunal de Garantía de Temuco, declarará el desaforado diputado Mauricio Ojeda por la arista Manicure del caso Convenios en la región de La Araucanía.
Recordemos que en este caso, la Fiscalía indaga el destino de $740 millones transferidos por el Gobierno Regional de La Araucanía a las Fundaciones Folab y Educc.
En específico, se acusa al Ojeda de haber contactado personas y funcionarios públicos del GORE Araucanía para solicitar asesorías y gestiones para que las fundaciones se adjudicaran proyectos.
También habría facilitado medios económicos para que una de las fundaciones tuviese solvencia y así pudiese seguir postulando a fondos públicos. En 2022, de acuerdo con la investigación, el diputado proporcionó y gestionó financiamiento, a través de préstamos con intereses, por $85 millones.
El defensor penal particular, abogado Raúl Pérez, adelantó que su representado prestará declaración. “Se va a poner a disposición del tribunal y de la Fiscalía, para que ante el Poder Judicial preste declaración”, dijo.
Agregando que “hasta ahora, solamente el Ministerio Público ha exhibido una declaración que presentó mi representado hace varios años respecto de este caso. Una declaración que fue a puertas cerradas, sin abogado defensor y solamente ante un fiscal”.
Será a través de Zoom que el diputado, quien se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo de Capitán Yáber de la región Metropolitana, prestará declaración.
En la audiencia estará el fiscal Carlos Cornejo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que es querellante en el caso, y el defensor penal particular del parlamentario.
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